La labor policial en Chile es una tarea fundamental para el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. En el cumplimiento de esta labor, los carabineros se encuentran expuestos a situaciones de riesgo y violencia que ponen en peligro su integridad física y la de terceros. En este contexto, la figura de la legítima defensa se presenta como un derecho humano fundamental que debe ser reconocido y protegido por el Estado.

En Chile, la legítima defensa se encuentra regulada en el Código Penal en su artículo 10, el cual en simples palabras establece que «no hay delito ni pena cuando el hecho es ejecutado en legítima defensa».

La legítima defensa privilegiada en Chile es una figura especial de la legítima defensa que se configura en aquellos casos en que el agente de la autoridad, en este caso un Carabinero, obra en defensa propia o de terceros, utilizando medios que resulten necesarios para repeler la agresión y que sean proporcionales al peligro corrido. Esta figura se encuentra prevista en el artículo 10 del Código Penal.

La jurisprudencia chilena ha reconocido la importancia de la legítima defensa privilegiada en el contexto de la labor policial. En efecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la protección de los derechos fundamentales de los carabineros implica reconocer que estos pueden utilizar medios necesarios para repeler la agresión de terceros, en tanto dicha agresión no haya cesado.

La doctrina también ha destacado la importancia de la legítima defensa privilegiada en el ámbito policial. En este sentido, se ha señalado que esta figura se encuentra justificada por la necesidad de proteger la vida e integridad física de los Carabineros, quienes se encuentran en una situación de peligro constante en el cumplimiento de su labor.

La jurisprudencia chilena ha seguido una línea similar a la doctrina, reconociendo la existencia de la legítima defensa privilegiada para las fuerzas policiales. A modo de ejemplo la Corte Suprema de Chile reconoció que la legítima defensa privilegiada es aplicable a los funcionarios policiales en el desempeño de sus funciones, siempre y cuando el uso de la fuerza sea proporcional y necesario para repeler una agresión ilegítima y grave.

En cuanto a la doctrina chilena, diversos autores han destacado la importancia de reconocer la legítima defensa privilegiada para las fuerzas policiales, argumentando que esta figura es esencial para garantizar la seguridad de los funcionarios y el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, destacan que la legítima defensa privilegiada puede tener un efecto disuasorio sobre posibles agresores y contribuir a prevenir delitos.

En la doctrina española, autores como Cándido Conde-Pumpido y Luis Rodríguez Ramos han señalado la importancia de una adecuada regulación de la legítima defensa para las fuerzas policiales, reconociendo que la necesidad de esta figura se justifica por la naturaleza de las funciones policiales y el riesgo al que se exponen los funcionarios en su trabajo diario. Asimismo, señalan que una adecuada regulación de la legítima defensa puede contribuir a garantizar la seguridad ciudadana y prevenir delitos.

Luego de analizar la jurisprudencia y la doctrina, es importante destacar la importancia de que Carabineros de Chile cuente con una ley y normativa que otorgue una legítima defensa privilegiada de manera mucho más clara y precisa. Esto permitiría a los funcionarios policiales realizar su trabajo con mayor seguridad, ya que estarían protegidos en situaciones de confrontación o de riesgo inminente.

Además, otorgar este tipo de protección a la labor policial puede tener un efecto disuasorio, ya que se estaría enviando un mensaje claro de que el Estado está dispuesto a proteger a sus funcionarios mientras cumplen con su deber de proteger a la ciudadanía y mantener el orden público.

Es importante tener en cuenta que esta protección no implica una total impunidad para los funcionarios policiales, ya que deberán seguir operando bajo el marco legal y respetando los derechos humanos. Sin embargo, contar con una legítima defensa privilegiada clara y precisa les brinda una herramienta importante para desempeñar su trabajo de manera segura y efectiva.

En su obra «Derecho Penal: Parte General», Luis Cousiño explica que la legítima defensa privilegiada tiene como finalidad otorgar a las personas encargadas de la protección de la sociedad (como la policía) una mayor protección en el ejercicio de sus funciones. Además, agrega que este privilegio se justifica en la necesidad de evitar que los funcionarios policiales se vean obligados a restringir su actuar en situaciones en que la vida o la integridad física de las personas estén en peligro.

La legítima defensa privilegiada es un concepto que, si bien puede generar controversia, se justifica en la necesidad de que los agentes del Estado cuenten con un margen de maniobra en situaciones de riesgo o peligro inminente para proteger a la ciudadanía y su propia integridad física.

En otras regiones del mundo, como en Estados Unidos y algunos países europeos, existe una normativa que establece la legítima defensa para los agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. En Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de Derechos Civiles de 1964 establece que los agentes de policía pueden utilizar la fuerza cuando sea necesario para prevenir la fuga de un sospechoso o para protegerse a sí mismos o a terceros de un peligro inminente de lesiones graves o muerte.

En Europa, la Convención Europea de Derechos Humanos permite a los agentes de policía utilizar la fuerza cuando sea necesario para protegerse a sí mismos o a terceros de un peligro inminente de lesiones graves o muerte, siempre y cuando la fuerza utilizada sea proporcional al peligro.

Es importante destacar que estas normativas también han sido objeto de debate y críticas en algunos países, especialmente en el contexto de las protestas y manifestaciones que han tenido lugar en los últimos años en diversos lugares del mundo. Sin embargo, es innegable que la existencia de una normativa clara y precisa sobre la legítima defensa para los agentes de policía puede ayudar a protegerlos en el ejercicio de sus funciones y a garantizar que puedan llevar a cabo su trabajo de manera efectiva y segura.

Sin perjuicio de todo lo ya señalado, la necesidad de proteger a los carabineros se basa en la importancia de su labor en la sociedad. Carabineros es la institución encargada de velar por la seguridad pública, manteniendo el orden y la paz social en todo el país. Sin embargo, los carabineros también son vulnerables a situaciones de riesgo y violencia en el desempeño de sus funciones, lo que los hace necesitar protección para poder llevar a cabo su trabajo de manera efectiva.

La legitimación de la defensa es una herramienta legal que permite al carabinero defenderse en situaciones de riesgo y peligro, sin ser objeto de sanciones penales o administrativas. Sin embargo, esta herramienta debe ser utilizada de manera responsable y ajustada a la normativa, para evitar situaciones de abuso de poder o violencia innecesaria, por lo anterior esta prerrogativa debe ser diseñada y fiscalizada permanente y cuidadosamente para no permitir abusos ni arbitrariedades, y debe estar siempre en línea con los valores fundamentales de un Estado de derecho.

Es por esto que resulta fundamental contar con una ley y normativa clara y precisa sobre la legítima defensa privilegiada a los carabineros, con el objetivo de garantizar su seguridad y proteger su integridad física. Esto no solo asegura que los carabineros puedan ejercer sus labores de manera segura, sino que también tiene un impacto positivo en la prevención del delito y en la generación de una mayor seguridad para la ciudadanía.

En este sentido, es importante destacar la necesidad de una formación adecuada y continua para los carabineros, que les permita actuar de manera ética y responsable en situaciones de riesgo. Asimismo, es importante que se promueva una cultura de respeto y protección hacia los carabineros, reconociendo la importancia de su labor en la sociedad y fomentando su compromiso con la seguridad pública.

En resumen, la protección de los carabineros es fundamental para garantizar la seguridad de la sociedad. Contar con normativa clara y precisa que otorgue una legítima defensa privilegiada a los carabineros, junto con una formación adecuada y una cultura de respeto hacia ellos, son medidas necesarias para lograr este objetivo.

Es importante destacar que, al igual que en Chile, en otros países también se ha debatido sobre la necesidad de contar con una normativa clara que otorgue a los agentes de seguridad la posibilidad de defenderse de manera efectiva frente a situaciones de riesgo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Corte Suprema ha señalado que los oficiales de policía tienen derecho a emplear la fuerza letal cuando se enfrentan a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Asimismo, se ha discutido ampliamente en Europa la necesidad de contar con una legislación que permita a los agentes de seguridad defenderse de manera proporcional frente a situaciones de riesgo, garantizando a su vez el respeto de los derechos humanos.

En definitiva, en un contexto en el que la delincuencia y la violencia se han vuelto cada vez más recurrentes y peligrosas, es necesario que se establezcan normativas claras que permitan a los Carabineros de Chile defenderse de manera efectiva y proporcional ante situaciones de riesgo. Esto no solo permitirá proteger su integridad física, sino que también contribuirá a generar un mayor clima de seguridad en la sociedad, permitiendo que los agentes de seguridad puedan desempeñar su labor de manera efectiva y eficiente en beneficio de toda la comunidad.

Es importante destacar que el apoyo del gobierno es fundamental para que las medidas de protección a las fuerzas policiales puedan ser efectivas. Si los gobiernos no brindan el respaldo necesario a las policías, se corre el riesgo de que los delincuentes tomen terreno y se produzca un aumento en la delincuencia.

En este sentido, el gobierno debe ser consciente de la importancia de contar con fuerzas policiales protegidas y capacitadas, y de la necesidad de establecer políticas públicas que permitan prevenir y combatir el delito. Esto implica una inversión en recursos, tanto económicos como humanos, para fortalecer a las policías y garantizar su seguridad en el ejercicio de sus funciones.

Es necesario que el gobierno promueva y respalde la capacitación constante de los efectivos policiales, para que puedan enfrentar de manera eficaz los desafíos que presenta el combate a la delincuencia. Además, es importante que se fomente la cooperación y el trabajo conjunto entre las distintas fuerzas policiales y se establezcan mecanismos de coordinación eficaces entre ellas.

En conclusión, el apoyo del gobierno a las medidas de protección a las fuerzas policiales es esencial para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir el delito. Es necesario que se establezcan políticas públicas que permitan fortalecer a las policías y brindarles las herramientas necesarias para combatir la delincuencia de manera efectiva teniendo el respaldo del respeto por la legítima defensa según les correspondiese. (Santiago, 9 abril 2023)