A lo largo del desarrollo de toda la discusión en torno a la necesidad de una nueva Constitución para el país, la participación ciudadana ha sido uno de los ejes de disputa más bullados en torno a esta temática. La problemática se planteó con una narrativa que identificaba a la clase política tradicional y a la academia jurídica decimonónica, como sectores corrompidos por sus intereses o posturas ideológicas. Por lo cual era necesario desarrollar mecanismos y elementos suficientes para la redacción de una Constitución que se acercara lo más posible a la perspectiva del ciudadano de a pie.

El proceso constituyente llevado a cabo por la Convención Constitucional optó por una vía institucionalizada que parecía hacerse cargo de lleno con una solución plausible sobre este problema. Creó una plataforma online de participación en donde los ciudadanos, sin distinción pudieran realizar propuestas a la Nueva Carta Fundamental, estableciendo cuales eran los fundamentos que hacían plausible su propuesta e incluso materializar con el texto que querían escriturar aquella, lo cual nos dio como resultado miles de propuestas provenientes de la ciudadanía las cuales distaban mucho entre ellas en términos de calidad y fundamentación. Así si bien, existió un cuerpo de personas que realizaron el filtro de las ideas que se propusieron, sin exponer al público aquellas que claramente no tenían sentido alguno, aun así, prosperaron ideas de pobre fundamentación y que muchas veces no tenían relación alguna con el texto que concierne a una Constitución. Aquel experimento por más fascinante que sonara y se viera (y en el cual el suscrito participó con 3 propuestas ciudadanas), a mi parecer tuvo falencias que lo transformaron en un saludo a la bandera, bonito y con buenas intenciones, pero aun peor, creo falencias dentro del proceso constituyente en general, creando una falsa sensación de conformidad en la ciudadanía en torno a lo que a participación popular se refiere.

La primera falencia que tenía esta plataforma de participación popular fue el débil filtro de aceptación de propuestas que hubo. Si bien, se decidió proteger de forma amplia la libertad de expresión de los ciudadanos y dar voz a personas de diversos entornos sociopolíticos y con múltiples especialidades y profesiones, un simple barrido por las propuestas de esta plataforma daba cuenta de textos en donde no se proponía como tal un articulado o que proponían un cambio constitucional fuerte en el sistema político chileno, sin una justificación completa y suficiente. En segundo lugar, y relacionado con la falencia anterior, la plataforma creo un nicho de ideas que priorizaron la cantidad a la calidad, haciendo difícil que los ciudadanos que participaron dentro de la plataforma realizando votaciones, pudieran acceder al contraste de propuestas concretas y al debate de ideas para la Nueva Constitución, dificultando a las personas el poder encontrar propuestas con las que sentirse identificados o el poder navegar por propuestas que realmente los convencieran de ideas plausibles para un nuevo texto constitucional. En tercer lugar, aun queriendo evitar que grupos de poder infirieran en las propuestas constitucionales y apuntando por una participación masiva en el proceso, finalmente el diseño del sistema dio preponderancia a grupos activistas y políticos que se organizaron para votar de forma masiva e hicieron campaña entre sus pares para reunir los votos necesarios, más que a buenas propuestas realizadas por parte de los ciudadanos como individuos, dando incluso cabida a proposiciones que se hicieron virales por la osadía de la propuesto más que por su contenido, como fue el caso de una propuesta que alcanzó 15.000 firmas que proponía la encarcelación del entonces Presidente Sebastián Piñera, como contenido de la Carta Fundamental.

En torno a la falencia que creo dicho diseño en la ciudadanía, cabe señalar que, al tener la plataforma de participación un diseño que en los planos parecía ser una herramienta infalible y moderna para proponer cambios constitucionales útiles para el nuevo texto, creó una sensación de conformidad en la ciudadanía, que sentía que se estaba escuchando realmente al pueblo de forma efectiva. Dichas fórmulas de participación junto a las modalidades de elección de Constituyentes que se presentaron a su vez como una forma de elección “más justa y representativa”, crearon una sensación de confianza en los votantes que materialmente esperaron pacientemente a que llegara la Constitución más justa y representativa que estos mecanismos prometían, resultando en una norma altamente impopular que fue derrotada con contundencia en las urnas.

Entonces, ¿cuál sería la solución a este problema?  si dicho mecanismos que parecían ajustarse a los fines que se buscaban fallaron ¿cuál es el camino para seguir en este nuevo proceso constituyente? Si bien, no se puede dar una respuesta única a esta problemática, señalamos desde esta columna que el foco estuvo puesto en la vereda incorrecta. Al demostrarse en la práctica, que la participación ciudadana institucional presenta los vicios indicados, creemos que la voz de los ciudadanos, sea en su singularidad, en el grupo familiar o en forma de asociaciones y grupos es fundamental durante la redacción del texto constitucional, siendo deber de la ciudadanía interesarse por las discusiones que se están dando dentro de los palacios donde se reúnen los Consejeros Constitucionales y utilizar herramientas, tanto tradicionales como modernas, para mostrar su conformidad y en especial su disconformidad con el texto que se vaya redactando, para que así, dentro del seno de la discusión constitucional, los representantes políticos y los especialistas puedan perfilar el texto constitucional en conformidad con los deseos del pueblo chileno. Así, en la práctica en vez de esperar al texto final propuesto, dichos grupos de personas deben hacer conocer sus deseos a través del trabajo político ciudadano, hacerse eco en lugares públicos, en las redes sociales, crear peticiones con miles de firmas, realizar mítines, concentraciones, marchas y protestas que hagan saber a los Constituyentes de turno aquellos aspectos que no son de su parecer, para así dar un insumo a la discusión y hacer saber de antemano a dicho órgano cuales son los puntos realmente representativos y cuales solo se proponen por fines personales o ideológicos. Aquel rol de una ciudadanía que a través de la expresión popular perfila la creación y aplicación de Derecho es una idea que juristas como Peter Häberle han expresado que llegan a darse incluso a nivel jurisdiccional, siendo fundamental la perspectiva e interpretación ciudadana en la aplicación de Derechos Fundamentales y de conceptos jurídicos indeterminados en los grandes tribunales nacionales e internacionales del mundo.[1]

El rol de los ciudadanos no es pasivo dentro de las discusiones políticas fundamentales, sino todo lo contrario, la ciudadanía debe ser el gran filtro para la redacción de la norma fundamental, para así perfilar su discusión, porque de no ser así, se caería en el mismo vicio en que anteriormente decantó la Convención Constitucional, órgano en el que gran parte de la población confió, sin preocuparse en la práctica de cuales eran las ideas propuestas por el órgano hasta su finalización, caracterizando el texto propuesto como una declaración de principios poco representativa, siendo que los ciudadanos de a pie cumplieron un rol pasivo durante todo su funcionamiento. El escenario actual, nos entrega una solución al problema constituyente que para algunos parece más ideal y representativa que la Convención Constitucional, al tener una apariencia de mayor profesionalismo, pero que aun con todo, puede caer en los mismos vicios que el proceso anterior, poniendo la ciudadanía sus esperanzas en este órgano Académico-Político, pensando que de forma ilustrada se va a escriturar la carta fundamental que la mayoría quiere, siendo que puede suceder lo mismo que la vez anterior de cumplir la ciudadanía un rol completamente pasivo.

La política chilena contemporánea nos ha demostrado que la participación ciudadana no institucional juega un rol fundamental en la promoción de las grandes reformas legislativas y constitucionales, así, nos viene bien reflexionar si al día de hoy, que hubiese sucedido con temas fundamentales como la elevación de los problemas que producen los fondos de pensiones en Chile, la promoción de derechos de las minorías sexuales, la implementación de políticas que han dado acceso a la educación superior a los sectores más vulnerables del país y la misma existencia de más de un Proceso Constituyente en el país, si no hubiesen sido temas que se plantearon de forma “no institucionalizada” en las calles y en los canales de comunicación de los habitantes del país, antes de ser materializadas a través de políticas orgánicas y reformas legislativas.

Pido que este mensaje no se confunda con un llamamiento a la violencia, a la rebelión o la revuelta, ya que como indican pensadoras como Hannah Arendt, las revoluciones no implican a priori violencia o terror como se entendía en las épocas medievales, sino un cambio de paradigma tan grande que, en medida de la conmoción que causa en la gente, puede conllevar a medios violentos por los cuales grupos o ciudadanos que aboguen por la fuerza actúen de forma ilícita.[2] Es deber mismo de los ciudadanos activos que demuestren su conformidad o disconformidad en las calles y foros del país, el controlar que la discusión se dé la forma más racional y pacífica posible, mostrando su disconformidad y rechazo ante las manifestaciones que se alejen de la institucionalidad jurídica del país, sin confiar de forma inocente que aquella vereda es solo un deber de las fuerzas de orden. (Santiago, 15 febrero 2023)

[1] Ver. HÄBERLE, Peter (2010): Métodos y principios de interpretación constitucional. Un catálogo de problemas, en Revista de derecho constitucional europeo, Año 7, N°13, Enero-Junio/2010, pp. 397 y ss.

[2] Véase, AREND´T, Hannah (1967) Sobre la revolución, Ediciones de la Revista de Occidente, Madrid, pp. 46-48.