Permisos de residencia migratoria y demora en su tramitación: reflexiones sobre la “elefantiasis” de los recursos de protección.

Comentarios (4)

1. Ernesto Manríquez Mendoza13-02-2023, 10:49 a. m.

   Hay varios puntos que, según mi humilde opinión, merecen una respuesta. 1. Estoy de acuerdo con que la idoneidad de la prueba de descargo emitida por la Administración respecto de los impedimentos causados por la enfermedad COVID-19 debe ser analizada caso a caso, pero tenemos que introducir al análisis también que desde el 30 de septiembre de 2021 cesó el estado de excepción constitucional por la enfermedad COVID-19 y con él, la inmensa mayoría de las reparticiones públicas retornó a la presencialidad y a una jornada de trabajo normal. Esto es relevante porque la intensidad del impedimento que dice haber sufrido el Servicio Nacional de Migraciones es menor desde esa fecha. A esto debe sumarse que muchas razones por las cuales el Servicio Nacional de Migraciones se ha desempeñado de una forma lenta son atribuibles al propio servicio. Causas como el descabezamiento de las direcciones regionales del servicio, la pérdida de la información respecto de los migrantes o el hackeo de los sistemas del Servicio Nacional de Migraciones, jurídicamente hechos públicos y notorios por cuanto han sido profusamente informados por la prensa, responden en realidad a una disminución del estándar de servicio; no a hechos externos que permitan excusar responsabilidad como los mencionados por el colega. 2. El Servicio Nacional de Migraciones ha desfondado una de las soluciones propuestas por el colega al incorporar una etapa de admisibilidad previa a las solicitudes de visa, admisibilidad que es contraria al texto del artículo 45 del Reglamento de Migración y Extranjería y que significa que el Servicio demora, a veces en más de 6 meses, la emisión del comprobante de solicitud de visa en trámite. Esto ya ha tenido como consecuencia que a muchos extranjeros con solicitud de visa ingresada dentro de plazo se les ha impedido regresar al país. 3. El Servicio Nacional de Migraciones, además, ha defendido la hipótesis del silencio administrativo negativo, por cuanto, según dicho Servicio, se afectaría el patrimonio fiscal toda vez que el artículo 40 de la Ley establece un pago de derechos, si se concede la visa. Esta explicación es inaceptable, sobre todo, porque el pago de derechos es una consecuencia del otorgamiento de la visa, no siendo el procedimiento de concesión de una visa un procedimiento que afecte el patrimonio estatal. De esta forma, la hipótesis realmente aplicable es la del silencio administrativo positivo y no la del negativo. Así, la ruta del silencio administrativo no es una solución que descongestione los tribunales o que reduzca la hipertrofia del recurso de protección, ya que simplemente se cambiará el nudo contencioso, de una desigualdad ante la ley provocada por la demora ilegal, al tipo de silencio que se debe aplicar y a la desigualdad que esto conlleva. Lo peor es que mientras tanto se debate este segundo punto, los efectos del silencio negativo, que equivale a un rechazo de visa, pueden incluso ser perjudiciales para el extranjero, tornándose en una auténtica sanción migratoria por reclamar, lo cual es inaceptable. 4. A pesar de los esfuerzos del Servicio Nacional de Migraciones por equiparar la situación jurídica de los detentadores de certificados de visa en trámite con la de los migrantes regulares, ello no ocurre en la realidad, sobre todo, por la etapa de admisibilidad ya dicha, por la renuencia de los operadores jurídicos a aceptar estos certificados de visa en trámite y las cédulas vencidas, por la demora del propio Servicio Nacional de Migraciones en otorgar las ampliaciones de estos certificados en trámite (si se demora un año o más) y por la precariedad que tiene la posición jurídica del extranjero, sobre todo, si extravía su cédula de identidad vencida (lo que conlleva que no pueda pedir un duplicado de ésta, convirtiendo los artículos 38 y 43 de la Ley de Migración y Extranjería en letra muerta). Así es como se instituyen verdaderamente dos clases de personas; aquellos migrantes regulares y aquellos con una situación precaria como la descrita, cumpliéndose con ello el presupuesto de procedencia del recurso de protección. 5. Finalmente, la manera correcta de resolver el problema de la «elefantiasis» del recurso de protección no es la simple declaración de su improcedencia, sino que consiste en abordar el problema en serio y crear un contencioso administrativo real con tribunales contenciosos administrativos capacitados para, entre otras cosas, fijar criterios jurídicos claros para aplicar el silencio administrativo positivo o negativo. La pugna entre las disquisiciones teóricas y los derechos fundamentales debe siempre ser resuelta en favor de los derechos fundamentales, por más que consideremos lo inapropiado de las soluciones disponibles.

2. Felipe A. D'marco15-02-2023, 01:02 a. m.

   Claramente esta columna es una invitación a seguir la vía administrativa, por sobre la vía proteccional constitucional. Pero yerra en entender, el sin número de sentencias de que dan cuenta de lo contrario a lo argumentado por el columnista. Por cuanto los hechos públicos y notorios, por los que versan la demora, van en contra de los supuestos de irresistible, imprevisible e inimputable por parte del administrativo. Teniendo que alegar un sin numero de abogado litigantes, ante los Tribunales superiores de justicia, que la vulneración a los principios de la administración del estado son sin duda alguna, vulneratorios a los derechos fundamentales de los solicitantes, que en su totalidad son migrantes, que no solamente son objeto de protección constitucional, si no también protegidos por instrumentos internacionales.

3. Herminia17-11-2023, 07:57 p. m.

   Mal todo para el migrante. En las etapas finales, si bien el sistema permite actualizar cada 6 meses y la persona puede trabajar ( bueno, existen empresas que dicen » no porque no tiene el carnet » a pesar que si puede trabajar legalmente ) y que » esencialmente » no se vulneran sus derechos lo cierto es que aterrizando en la realidad Vulneran todos sus derechos. por otro lado, en la etapa inicial : Solicitud ingresada al sistema puede estar 7, 8 meses y ahí la persona si que está en el más absoluto de los limbos. Además, se añade que a un menor le dan residencia » al tiro » por aquello de los DDHH. señores tengamos sensatez, un niño irregular está protegido igual que si tiene residencia temporal : va al colegio, al medico etc. No tiene limitación; pero si progenitor es el que necesita conseguir la residencia para poder cotizar el mínimo que pedirán después para la residencia definitiva del menor y resulta que se demora mínimo año y medio. Díganme lo hipócrita que resulta todo.

4. Pedro Harold Gutiérrez Barahona26-08-2024, 09:40 p. m.

   El distuinguido columnista, no sabe probablemente, que las personas que ingresaron de forma «ilegal», anterior a la publicación de la Ley 21.325 y su posterior Reglamento o «irregulares», si el ingresos al territorio nacional, fue posterior a la entrada en vigencia de la norma en comento; no puede haber nada que justifique que personas que llevan 5, 4, 3 e incluso más años, aún esten en una situación de indocumentadas. Si conforme a lo descrito en esta interesante opinión, la excusa fuera el exceso de trabajo o de Recursos de Protección o Amparo interpuesto en contra de Migración y Extranjería, lo lógico sería contratar más personal, más recursos, horarios más extensos (Rancagua, atiende sólo de lunes a jueves y cuatro horas diarias y, con hora previa cita), resulta contradictorio por decirlo menos; Chile, ha suscrito innumerables convenios al respecto en el ambito internacional (lo señala en su art. quinto inc. segundo la Carta Fundamental), absolutamente voluntarios, pero que ratificados, debemos respetar. La migración, más allá si es o no un derecho fundamental, es una triste realidad para determinadas personas y, hay que dar solución; es como «tapar el sol con un dedo»…, el justificar lo injustificable, afortunadamente las Cortes de Apelacionescomo la Suprema, han demostrado aplicar el criterio y, hacer cumplir la normativa que el aparato administrativo ha sido incapaz, quizás con cierta justificacion, pero la Ley 18.880 es clara en sus tiempos y, principios; si los Organos del Estado no la respetan, están cometiendo «ilegalidad administrativa» y, esto daría pie para que los particulares dejemos de cumplir el resto de las normas y, las eternas excusas se trnsformarían en una saludable atenuante para no responder ante la autoridad y, eso pone en riesgo el sistema en su totalidad.