Cuando pensaba que no había algo que valiera la pena comentar, leo en la prensa de ayer “Corte de Santiago reabre caso Neruda: no se encuentra agotada la investigación”.

¿A alguien medianamente informado puede sorprender esta noticia?

Desde que, en septiembre del año pasado, la ministra instructora del caso resolvió cerrar el sumario por encontrarse agotada la investigación sin procesados, y los querellantes anunciaron que apelarían, parecía difícil que la Corte de Apelaciones la respaldara y no cediera a la presión mediática constante de un caso donde se busca, a toda costa, igual que en el caso Frei, transformar en mártir y víctima de la dictadura a una persona fallecida por causas naturales.

Así, la Corte ha resuelto reabrir el sumario y practicar siete diligencias solicitadas por los querellantes, entre las cuales la más curiosa se refiere a un “trabajo de inteligencia” que, de haberse realizado y afectado a otra supuesta víctima de dicho “trabajo”, sería de fecha muy posterior a los hechos en que se basa esta causa, evidenciando la intención, a toda costa, de involucrar a los servicios de inteligencia de la época.

Habrá advertido el paciente lector que aquí se da la situación inversa al caso Frei, donde el ministro sumariante condenó sin pruebas a un grupo de profesionales, siendo la Corte de Apelaciones la llamada a absolverlos, siendo posteriormente su sentencia respaldada unánimemente por la Corte Suprema.

En el caso presente, la ministra, fundadamente, confirmó lo que muchos pensamos  desde un inicio: no habría tal asesinato político de un enfermo aquejado de un cáncer avanzado ya que, ¿cuál sería el propósito?

¿Acaso Neruda era un activo dirigente opositor al que había que acallar?

A contrario sensu, la tentación de invocar intencionalidad, tiene innegablemente el propósito de sumar otra víctima y adjudicarla a la dictadura, igual como se pretendió en el caso Frei, transformándola en mártir, con todo lo que ello implica:

Homenajes póstumos, reabrir heridas, mantener las divisiones y reposicionar al Partido Comunista, sin olvidar, naturalmente las inevitables indemnizaciones, donde el Consejo de Defensa del Estado no resulta muy exitoso cuando hay que proteger los recursos fiscales en los tribunales.

A quien desee informarse más en detalle respecto a este último aspecto, le sugiero leer el cuerpo B de El Mercurio del martes 20 del presente mes donde, en artículo titulado “Causas de derechos humanos explican el 24% de los montos demandados contra el Estado”, se nos informa que el año 2023 el CDE recibió 4850 demandas vinculadas a DD.HH.

Habiendo sido testigo de la forma en que los representantes de dicho consejo alegan en las instancias judiciales, haciendo lo que habitualmente se llama un “saludo a la bandera”, me temo que es altamente probable que los querellantes resulten exitosos en perjuicio del Estado chileno, pero, como no existe una partida presupuestaria aprobada por el parlamento para estos efectos, el poder judicial puede girar sin tope con cargo a una imaginaria cuenta corriente sin fondos. De alguna parte, de nuestros impuestos, aparecerá el dinero.

Volviendo al tema de fondo:

En el caso Frei, la verdad tuvo su hora y se impuso 8:1, en este caso los querellantes van ganando 3:1.

¿Se impondrá la verdad en esta ocasión o los querellantes lograrán su propósito “a toca costa”?

 

Humberto Julio Reyes