Es inaudito que los generales de carabineros Mario Rozas Córdova y Ricardo Yáñez Reveco estén siendo procesados por su presunta responsabilidad de mando en casos de supuestas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la asonada revolucionaria iniciada el 18 de octubre de 2019 —que buscaba derrocar al gobierno constitucional del presidente Piñera— en la que, de octubre de 2019 a marzo de 2020 hubo más de 19.000 eventos graves de alteraciones del orden público, 554 ataques a cuarteles policiales y 1200 vehículos con daños estructurales.

Por lo que sí podrían ser formalizados es por violar los derechos humanos del personal bajo su mando, al prohibirles el uso de sus armas de fuego, razón por la que ellos no lo hicieron ni siquiera en defensa propia —no obstante que en tales casos estaban exentos de responsabilidad criminal, según lo dispuesto en los artículos 10 del Código Penal y 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia militar— lo que dio como resultado más de cinco mil carabineros lesionados; 126 recibieron impactos balísticos, 5 con pérdida ocular y 82 quemados con artefactos incendiarios.

El general Rozas, junto con valorar que los carabineros no usaran sus armas de fuego, declaró: “el ministro de la época, Andrés Chadwick, me ordenó controlar el orden público dentro del ámbito legal y respetando irrestrictamente los derechos humanos”. Evidentemente, con ello el gobierno pretendía deslindar sus responsabilidades en caso de que la actuación de carabineros, en cumplimiento de su función policial, produjere bajas fatales.

Adolfo Paúl Latorre