La tabla de factores que han utilizado las isapres para determinar el valor final de un plan se encontraba establecida en la Ley de Isapres y desde el año 2010 en que el Tribunal Constitucional declaró inaplicable una parte de ella, se encontraba a la espera de una ley que complemente la parte que había sido derogada.

Ante la inmovilidad del Poder Legislativo desde el año 2018 se comenzó a judicializar su uso, y se resolvió en miles de casos siguiendo una jurisprudencia establecida por la Corte Suprema, que debía recalcularse el cobro de los planes de salud ya que en su razonamiento la tabla de factores que se había sido utilizada carecía de validez jurídica al haber sido derogada por el Tribunal Constitucional.

Así la vía lógica para acabar con la judicialización era que se dicte una ley que reemplace las normas derogadas. No obstante, la Corte Suprema decidió el pasado 30 de noviembre acabar con esta laguna de una forma curiosa e innovadora otorgando rango legal a una norma administrativa que había sido dictada hace tres años y que fue establecida para regir únicamente para los nuevos planes que fueran ofertados.

El fallo entonces, no solo realiza un gato por liebre jurídico y convierte en ley un oficio circular. También va en contra del efecto relativo de las sentencias y ordena que su aplicación rija para todos los afiliados, es decir incluso aquellos que no han demandado, y de manera retroactiva.

Son comprensibles las intenciones de la Corte Suprema en acabar con la judicialización en materia de salud, no obstante dicho objetivo debía obtenerse a través de los cursos institucionales establecidos en nuestra Constitución y no por medio de un descarrío jurídico.

Francisco Campos Gavilán