El reciente ingreso no autorizado a la embajada de México en Ecuador, con el objetivo de detener a Jorge Glas, constituye una grave violación de las normas del derecho internacional y un ataque directo a la integridad de las instituciones diplomáticas. Este incidente, donde incluso se violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, subraya la importancia de adherirse a un orden internacional basado en normas acordadas y en el respeto a los derechos humanos y sus mecanismos de garantía, como el asilo político.

El derecho de asilo, contemplado en la Convención sobe Asilo Diplomático de 1954, es un principio fundamental que protege a individuos perseguidos por motivos políticos, ofreciéndoles seguridad y preservando su libertad e integridad. La situación del expresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien estaba siendo evaluado para la concesión de asilo por el estado mexicano, destaca como las sedes diplomáticas funcionan como refugios frente a situaciones de persecución política.

Los episodios de violaciones a la inviolabilidad diplomática no son fenómenos aislados, sino que ocurren en contextos de crisis política o de rupturas del orden interno, reflejando una debilidad institucional y una crisis del estado de derecho. Historias similares, como el asilo político ofrecido por Chile a opositores venezolanos, ilustran cómo este principio actúa como un bastión contra la opresión.

Este incidente no solo afecta a Ecuador y México; resuena en todo el ámbito internacional, comprometiendo la seguridad de las misiones diplomáticas en todo el mundo y poniendo en riesgo la institución del asilo político. Es imperativo que la comunidad internacional, incluidos los gobiernos de nuestra región que ya han expresado su desaprobación, continúe defendiendo con firmeza los principios del derecho internacional.

En definitiva, proteger la inviolabilidad de las sedes diplomática y asegurar el respeto al asilo político son cruciales para preservar un orden mundial centrado en la ley y los derechos humanos. La respuesta internacional debe ser unánime y decidida, reafirmando el compromiso de todos los estados con las normas que rigen las relaciones internacionales y protegen a las personas potencialmente expuestas a la persecución política, la vulneración de sus derechos y sus libertades.

 

Luis Palacios Sanabria

Director del Magíster en Derecho y Litigación Constitucional

Universidad San Sebastián