La pronta entrada en vigencia de la Ley de Ciberseguridad conllevará ciertos desafíos que no deben subestimarse. Uno de los principales retos que tendrá el Gobierno será enfrentar la falta de recursos y capacidades entre los operadores de servicios esenciales e infraestructura crítica. La mayoría de estos son entidades privadas que se enfrentarán a la necesidad de cumplir con nuevas obligaciones de seguridad, que además de ser potencialmente costosas, podrían dificultar la planificación y la implementación efectiva de las medidas requeridas.

Por otro lado, esta ley demandará una coordinación importante entre el sector público y privado, y lograr esa sinergia no será nada fácil, dada la diversidad de interés y capacidades de los involucrados. Además, la norma estipula la creación de nuevas entidades y sistemas, lo que introduce retos adicionales, tanto logísticos como financieros, y nos enfrentaremos a dos obstáculos más: la falta de conocimiento generalizado sobre estándares y certificaciones en ciberseguridad en la industria local, y a la escasez de talento especializado en este campo.

Esta legislación representa un cambio de paradigma y coloca al país a la vanguardia en la región en temas de seguridad digital, pero para ello, necesitamos a un Gobierno que asuma un rol activo y decisivo para que esta norma se desarrolle eficazmente en el tiempo.

Myriam Pérez Líder

Mesa de Ciberseguridad

Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec)