Ley de Compras Públicas: la urgencia de precisar límites en el capítulo de probidad y transparencia.

La entrada en vigencia inmediata (11 de diciembre de 2023) del Capítulo VII, titulado Probidad administrativa y transparencia en las compras públicas, mediante la Ley Nº 21.634 han implicado una verdadera revolución en los proveedores del Estado, que han debido adecuarse -en forma urgente- a las nuevas exigencias que modificó la Ley Nº 19.886, de Compras Públicas, después de 20 años.

Entre las adecuaciones que, en forma inmediata, han debido seguir los proveedores, podemos indicar las siguientes: en primer lugar, ajustar su estructura societaria para evitar que cualquier persona (cónyuges, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, socios, directores, etc.) tenga algún grado de conexión con los funcionarios públicos del organismo licitador.

Por otro lado, lo anterior también puede generar que algunos funcionarios públicos que tengan relaciones de parentesco o comerciales con alguno de los licitantes deban renunciar a sus trabajos dentro del organismo licitador, atendido que la norma no distingue en forma clara si el conflicto de interés y la correspondiente inhabilidad se relaciona con cargos directivos o afecta a todos los funcionarios públicos, sin atender a la injerencia sobre el proceso licitatorio.