Recientemente políticos, académicos y excomandantes en jefe de las FF.AA., han manifestado sus aprensiones respecto a la citación del presidente de la República al COSENA (Consejo de Seguridad Nacional).

Recordemos que a raíz del llamado Estallido Social, el actuar de las FF.AA. y Policías, fue valorado por la ciudadanía siendo fundamentales para mantener el orden y poner a resguardo la democracia. Pasada la emergencia y sin el sentido de urgencia que envolvía dicha situación, hemos podido ver que oficiales, suboficiales e incluso soldados del servicio militar, en la actualidad, han sido sentenciados a largas condenas por proteger bienes públicos y privados.

Asimismo, durante el mes de septiembre de 2023 se conoció la sentencia dictada por un Juez de la Corte de Apelaciones de Temuco en la causa denominada “Polvorín”, en que condenó a gran parte de los oficiales, suboficiales y soldados del Regimiento Tucapel a presidio perpetuo por hechos ocurridos hace 50 años, argumentando – a falta de una imputación concreta – que el solo hecho de haber estado destinados en el regimiento, independiente de que haya o no participado en los hechos que investiga, los hace responsables, llegando al extremo de asimilar una unidad militar operativa con un campo de exterminio nazi.

El despliegue de las Fuerzas Armadas para seguridad interior puede ser popular, el problema es que con el pasar del tiempo, cuando ya no exista ese sentimiento, el análisis será completamente distinto. Cuidemos a nuestras FF.AA. y Policías, dotándolas de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, considerando la institucionalidad que regula su actuar. No se trata de propiciar la impunidad ante hechos dolosos, muy por el contrario, se trata de cautelar por una justicia real ante las eventualidades que puedan surgir cuando se emplean medios militares en tareas más propias de lo policial.

César Fernández Borgeaud