La reciente declaración del Senado, leída por su presidente, ha sido, en términos generales, bien acogida, por expresar un ánimo transversal de concordia que contrasta con diversas intervenciones en la Cámara de Diputados a raíz de la conmemoración de los 50 años.

La nota discordante ha provenido del partido comunista, vaya novedad, al marginarse posteriormente de ella aludiendo razones diversas y dejando en curiosa posición a sus propios senadores.

Sin embargo y aunque también dicho pronunciamiento me pareció adecuado, existen en él dos aseveraciones que no puedo compartir y, por ello, disiento.

Me explico:

Cuando se expresa que “todos” fuimos responsables del quiebre de nuestra democracia, imagino se quiso aludir a quienes, por su investidura, debieron haber superado la crisis y no a quienes, como simples ciudadanos, especialmente si no militábamos en partido alguno, nada hicimos que se nos pudiera reprochar, como no fuera soportar pacientemente esos funestos 1000 días previos al aniversario que se ha conmemorado.

En mi caso particular y como padre de familia mi principal preocupación era asegurar la subsistencia de nuestros hijos, labor en que nos colaboraban diversos miembros de la familia comprando esos alimentos para niños tan difíciles de obtener en esos días.

En segundo lugar y quizás más importante aún, se menciona que el quiebre de la democracia se produjo el 11 de septiembre y no previamente, tal como declararon los diputados que aprobaron la histórica resolución del 22 de agosto de 1973.

Imagino que así se redactó para hacer posible el consenso de todos los senadores, incurriéndose así en esas habituales ambigüedades, imprecisiones o inexactitudes, que se encuentran en los textos consensuados, especialmente cuando se busca la convergencia de puntos de vista difíciles de conciliar.

Por lo expresado, permítaseme disentir.

También disiento de casi todas las reacciones frente a los recientes planteamientos de oficiales en retiro que, cumpliendo penas de prisión, abogan por conmiseración hacia sus subalternos que se limitaron a cumplir órdenes.

Salvo una reacción positiva, todos replican pidiendo información sobre personas desaparecidas o descartando absolutamente cualquier trato preferente, que los jueces no consideraron en su momento, respecto a personas de los grados más bajos del escalafón militar, ¡incluso conscriptos que cumplían con la ley del servicio militar obligatorio!

Tampoco se valora el gesto, por simbólico que pueda parecer, de parte de esos oficiales que también eran muy jóvenes cuando sucedieron los hechos por los cuales han sido condenados y que, en ausencia de quienes dieron las órdenes, han asumido esa responsabilidad.

Finalmente se incluye en la calidad de secuestradores “permanentes” a todos los condenados y, por ello se les pide que digan primero “dónde están”. Absurdo me parece, así no se llega a ninguna parte.

Resumo: estas negativas reacciones me han parecido mezquinas y apresuradas y confirman  por qué nunca se pudo concordar en formas de colaboración eficaz que facilitaran encontrar los restos de personas desaparecidas en lugar de privilegiar una condena “por secuestro permanente” y una reparación económica.

 

General Humberto Julio Reyes