De acuerdo con una perspectiva tradicional, las empresas, en todas sus formas y tamaños, no son apoyadas por medio del sistema público de atención jurídica gratuita, al obrar bajo la premisa de que estas organizaciones están en condiciones de pagar una asesoría especializada.
Esta idea es un prejuicio común, basado en un estudio realizado por Pymer, un cuarenta por ciento de los empresarios de pymes en Chile ha perdido oportunidades de venta debido a falta de capital del trabajo, y un cuarenta y siete por ciento a cancelado proyectos por falta de financiamiento a largo plazo. Estas cifras nos muestran una lógica completamente distinta, organizaciones que no cuentan con el capital necesario para cerrar actividades empresariales que podrían mejorar su crecimiento, perdiendo oportunidades concretas de negocios debido a falta del capital necesario para poder desarrollarlas.
Cuando la nueva ley de protección de derechos del consumidor acepta la incorporación de una atención gratuita a favor de los consumidores, a la vez, y en forma involuntaria, obliga a las pequeñas y medianas empresas a asumir costos con miras a defenderse de cualquier reclamo que presente un consumidor, con o sin asidero, afectando en forma concreta los resultados operacionales de dichas organizaciones.
Para los consumidores es un avance sustancial, contar con el respaldo del SERNAC y potencialmente de una corporación de asistencia judicial (o clínica jurídica) que los defienda en juicio, lo que necesariamente implica un incentivo a la judicialización de estos juicios. Pero desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, que corresponden a la mayor parte de las organizaciones comerciales sujetas a fiscalización potencial, la reforma los afectará negativamente en sus resultados, al incorporar costos de transacción nuevos a ser asumidos por empresas que no cuentan con la sofisticación ni los recursos para enfrentar una modificación de esta envergadura sin apoyo estatal.
Queda como tarea pendiente, especialmente para las Clínicas Jurídicas, el asumir el apoyo de estos emprendedores, que requieren un mayor apoyo para seguir aportando al desarrollo, con una asesoría permanente que les permita contar con mejor información para tomar decisiones dentro del marco de la legislación vigente.
Abogado. Directora de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián.