Diversas encuestas –entre ellas, Criteria– han predecido un posible rechazo a la propuesta de nueva Constitución que emane del Consejo Constitucional. Además, han mostrado una baja en la aprobación de dicho órgano redactor. La verdad es que todo se definirá en diciembre cuando se vote la propuesta final.

Por otra parte, en específico, la última encuesta Cadem marcó una caída en la popularidad del líder del Partido Republicano, Jose Antonio Kast dejandolo con 17% (-3 pts), superado por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, con 18% (+4 pts), en la preferencia presidencial.

La misma encuesta, además, dejó en evidencia la fuerte caída del consejero constitucional de la misma tienda, Luis Silva, quien cifró un 37% (-10 pts) en su evaluación como figura política, a pesar de que marcó un 57% en su primera medición en mayo. Ahora bien, quien tuvo una mejor evaluación, mayor que la de Silva, fue la presidenta del órgano redactor, Beatriz Hevia (Partido Republicano), con un 45% de imagen positiva.

El momento por el que pasa el Consejo Constitucional no es el mejor. La aprobación es baja y se vislumbra, posiblemente, un rechazo a la propuesta constitucional, según ciertas encuestas. Es por ello que para analizar el actual escenario, Diario Constitucional entrevistó al analista político, Guillermo Holzmann, quien abordó la situación del órgano redactor y las expectativas para el actual proceso.

Las últimas encuestas demuestran un desapego de la ciudadanía respecto al proceso y al Consejo ¿Se avecina un posible rechazo 2.0?

No. Yo creo que no se avecina un rechazo 2.0. Las encuestas y estudios que se han realizado, efectivamente, tienen una prevalencia mayor el rechazo. Sin embargo, el nivel de indecisos supera muchas veces el 50%. Eso quiere decir que hay muchas personas que están esperando conocer el texto final para tomar una decisión en términos de aprobar o rechazar.

En línea con esto, el analista político manifestó que el Plebiscito de Salida aún no está definido. “Es evidente es que las encuestas y la forma en que se ha tomado todo eso, se quiere, un poco menos, que anticipar cuál va a ser el resultado del plebiscito de salida. Ese plebiscito no está definido. Más aún, yo creo que hay interés para que las personas voten rechazo. Es evidente, por ejemplo, de que un sector de los movimientos y partidos que apoyan al gobierno, están por el rechazo, particularmente, el Partido Comunista, que ya lo ha hecho saber. En consecuencia, el rechazo parte con un piso de un 20%, que puede aumentar –o no– y eso va a depender, probablemente, de lo que suceda en septiembre y el texto final que se entregue en octubre. Entonces, yo creo que no es real pensar que hay una predefinición o una tendencia al rechazo ya establecida.

¿De rechazarse la propuesta, quién sería el verdadero perdedor?

Si ganase el rechazo, no cabe duda de que eso deja en evidencia de que las minorías intensas, donde se encuentra el Partido Comunista, tendrían el argumento necesario para seguir exigiendo y colocando en la agenda de debate público que es necesario terminar con la Constitución de Pinochet como ellos le dicen. Por lo tanto, les dejaría una bandera de lucha, la cual seguiría presionando, pero desde las minorías.

Holzmann planteó que los perdedores serían la ciudadanía que no quiere un proceso refundacional y la centro derecha –en aspectos ideológicos–. “El verdadero perdedor sería una ciudadanía que no quiere una polarización ni un proceso refundacional. El perdedor, sería la centro derecha, en términos ideológicos, dado que teniendo la mayoría en el Consejo no pudo articular una propuesta que efectivamente tuviese el apoyo de la ciudadanía, como se esperaba”, afirmó. 

¿En quién recaería la responsabilidad?

La responsabilidad sería del Partido Republicano, particularmente, pero en eso no marcha solo. Además, implicaría al Partido Socialista, que tiene seis escaños dentro del Consejo Constitucional. Implicaría la responsabilidad, además, de los independientes, particularmente, de la centro-derecha. En el Partido Republicano hay una mayoría, eso es cierto, pero sin lugar a dudas ese resultado no sería posible si los otros socios que abogan por una Constitución que sea democrática y que cumpla con los 12 puntos que se le exigen a esta Constitución, en definitiva, deja incluso al Socialismo Democrático, también, en la calidad de perdedor.

A tres meses del plebiscito de salida ¿Qué puede hacer el Consejo para ganar la aprobación de la ciudadanía?

Yo creo que todo va en dos grandes líneas. Uno, en la calidad del debate y la forma en que se diriman las diferencias. Esto involucra no solamente el debate en las comisiones, sino en la opinión de la Comisión Experta, que, recordemos, ellos fueron los que presentaron el borrador. 

Por otra parte, Holzmann abordó el objetivo que, considera, tienen algunas propuestas. “Muchas enmiendas intentan recuperar el sentido refundacional del proceso anterior. Entonces zanjar esas situaciones donde hay posiciones claramente contrapuestas y de muy difícil construcción de una convergencia, no cabe duda que va a marcar el proceso en septiembre que, además, va a estar cruzado por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado”, explicó.

Además, mencionó que “hay todavía dos meses donde la posibilidad de proyectar un resultado del plebiscito de salida es bastante difícil”.

Un posible nuevo fracaso constitucional ¿Qué consecuencias políticas y sociales podría traer?

La primera consecuencia, desde el punto de vista netamente analítico, quiere decir que la crisis institucional, que se generó en octubre del 2019 y se intenta superar a través del Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución de ese año, en definitiva, no se ha logrado superar. Por lo tanto, del punto de vista de proceso político, el ambiente de crisis institucional sigue vigente. Eso significa que el Jefe de Estado, en este caso Boric, no puede alinear a la Corte Suprema, ni a la Contraloría, ni a la Cámara de Diputados, ni al Senado, ni a las Fuerzas Armadas y de Orden, respecto a como enfrentar la problemática que el país está viviendo en temas de economía, seguridad, pensiones, pacto fiscal, porque, además, el gobierno tampoco tiene la mayoría en el Congreso.

La crisis institucional que usted comenta se estaría extendiendo por casi tres años

Exactamente. Para mal o para bien en su minuto, el expresidente, Sebastián Piñera, tenía toda la esperanza que, citando al Consejo de Seguridad Nacional, iban a sacar una sola voz para enfrentar todo el estallido social. Y eso no sucedió. El Contralor fue el primero que apareció diciendo una versión distinta, luego la presidenta de la Cámara de Diputados, después el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema y cada uno con una versión diferente. Ahí se perdió el alineamiento institucional para poder superar esas crisis.

¿Y las consecuencias sociales que puede haber?

Yo diría que las consecuencias sociales son más complejas. Estamos llegando a final de año con una economía que no logra recuperarse, con unas reformas estructurales que no logran ver la luz, donde hay una agenda de seguridad que no logra avanzar de forma consistente para darle confianza a la ciudadanía de que están las condiciones de seguridad.

Tras ello, el analista político manifestó que la ciudadanía puede convertirse en presa de los populismos si se encuentra a la deriva. “Eso deja a una ciudadanía, yo creo que a la deriva. Cuando sucede eso, es fácil presa, no solamente de los populismos, sino de minorías intensas que insisten en que las soluciones tienen que ser un cambio profundo y violento. Por ende, la conflictividad social tiende a aumentar porque no hay satisfacción de las demandas”, aseguró.

“En consecuencia, yo diría que incluso uno podría pensar que hay una estrategia para que todo salga mal. De tal forma, que el próximo gobierno no pueda hacer nada, salvo dedicarse los cuatro años a resolver los problemas no resueltos en este”, añadió

Tomando en consideración lo que estamos hablando y un posible fracaso ¿Podría ser que exista un segundo estallido social?

Yo diría que sí, puede ser. En terminado de análisis, esa posibilidad hoy día está, pero con baja probabilidad. Esto, porque, por ejemplo, ya comenzando la segunda quincena a final de agosto, no tenemos el clima de polarización que muchos esperábamos que podría existir entre julio y agosto. 

Y la posibilidad de que ocurra un segundo estallido social ¿Está sujeto a la aprobación o rechazo de la nueva Constitución?

No. Una cosa potencia a la otra, pero no hay duda de que hoy día existen fuerzas en Chile que no les interesa que haya una Constitución o no le interesa que haya mejores leyes y eso con toda la existencia y presencia del crimen organizado en Chile. El crimen organizado, no solo trata de asesinatos, trata de corrupción, del debilitamiento al Estado de Derecho en todas sus expresiones y ese debilitamiento es cuando no hay una ley oportuna. 

El gobierno ¿Cómo debería manejar estos últimos meses de proceso constitucional?

El gobierno ya definió como lo quiere manejar y expresar. Primero, su estrategia es no apoyar el proceso constitucional, no darle ningún espacio ni respaldarlo. Segundo, mantener la presión sobre la oposición, en términos de que esta es la que no logra sacar la Constitución que ellos piensan que Chile debería tener y que fracaso anteriormente.

Asimismo, mencionó que “el gobierno está en una estrategia de intentar traspasar toda la responsabilidad a la oposición. Esta tampoco coopera mucho, dado que no está articulada, no tiene propuestas concretas. Yo diría que quien está más articulado es el Partido Republicano, pero también con un pragmatismo en términos de que tiene muy claro de que el éxito electoral obtenido es una cosa episódica. Si quiere mantenerlo, tiene que demostrar un pragmatismo, pero para generar un espacio de convergencia, diálogo y negociación con otras fuerzas”.

¿Ve un ambiente con ánimos de llegar a acuerdos en el Consejo Constitucional?

Hay voluntad de llegar a acuerdos de ambas partes. Quizás, la más dura es la parte del Partido Comunista o la parte que representa Apruebo Dignidad. Si todas las partes se niegan a zanjar los temas de mayor relevancia en un acuerdo, van a tener mayor espacio para poder generar ingobernabilidad. No tenemos una ciudadanía ideológicamente marcada como hace 50 años. Es evidente que hay una ciudadanía completamente distinta, con una expectativa diferente y que no está amarrada a los partidos políticos, muy por el contrario, los consideran parte del problema más que de la solución

¿Considera que en el proceso y como tal en el Consejo se está priorizando la ideología de los partidos?

Los partidos políticos quieren de alguna forma tener una mayor solides institucional. Yo creo que ahí está quizás el debate, a propósito del 5% de votación, para poder mantenerse como partido. Si bien es cierto, ya estaba incorporado en nuestra legislación, el que tenga un rango constitucional me parece interesante como umbral de entrada al sistema de partidos.

También, abordó la extensión que espera que tenga el texto constitucional y la posición de algunos grupos, por lo que comentó que “el proyecto constitucional espero que no sea un texto largo –como en Venezuela y Bolivia–. Yo creo que se requiere que el resultado de las negociaciones, deje a las minorías en su lugar, aporten siendo minorías, pero no a través de minorías intensas que intenten imponen un pensamiento que no comparte la mayoría.

Entonces… Usted considera de que hoy día las ideas identitarias de los partidos políticos no estarían presentes en el Consejo Constitucional

Hay intentos de instalarlas dentro de la agenda del debate del Consejo Constitucional y eso es lo complicado y riesgoso. Si el argumento va en términos de que debemos ser inclusivos y, por lo tanto, todas las identidades deben estar incorporadas, nos estamos equivocando si no hemos definido primero el bien común que queremos para la sociedad. Eso es lo que hace una Constitución. 

“Luego, esta se preocupa de asegurar que el derecho de las minorías este adecuadamente resguardado y eso significa un Poder Judicial más potente, instancias de resolución de conflicto más eficientes, requiere mecanismos que en su lineamiento general deben estar definidos en la Constitución para tener políticas públicas que sean, no solamente efectivas, sino también resilientes respecto al impacto que tienen en la sociedad”, cerró.