En una columna publicada recientemente, el periodista español Carlos Berbell, recuerda que el pasado lunes, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, se dirigió a la Comisión de Venecia para que respaldara el referéndum independentista que pretende organizar para separar a Cataluña de España.
A continuación señala que su presidente, el italiano Gianni Buquicchio, respondió, desde Estrasburgo, a Puigdemont que el referéndum, para celebrarse, “tendrá que llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas”. En pleno “cumplimiento con la Constitución y la legislación aplicable”.
A juicio de Berbell, todo un revés para las aspiraciones separatistas de Puigdemont y de sus socios desde el máximo órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional. 
Explica enseguida el periodista, que las “auctoritas” que posee la Comisión de Venecia están más allá de toda duda. De ahí que la misiva de Puigdemont haya sido una apuesta arriesgada con resultados negativos. Lo que los anglosajones llaman un “long shot”.
Ello, agrega, porque la Comisión de Venecia sólo puede emitir opiniones si proceden de Gobiernos o parlamentos nacionales, no de parlamentos autonómicos o regionales, como es el caso de Cataluña. De ahí que el intento haya sido fallido.

Sobre la Comisión

Cabe señalar, explica el periodista, que la Comisión de Venecia, que no se llama así, sino Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, pero toma su nombre de la ciudad italiana en la que sus miembros se reúnen cuatro veces al año, tiene su sede permanente en Estrasburgo, en el edificio del Consejo de Europa.
Continúa el periodista, que sin formar parte de la UE, la función de la Comisión de Venecia consiste en asesorar a los diferentes países en materia constitucional para contribuir a mejorar la forma de funcionamiento de sus instituciones democráticas.
Durante sus reuniones aprueban los dictámenes elaborados y analizan los últimos acontecimientos sobre evoluciones constitucionales, indica.
Luego afirma que esta Comisión es un órgano consultivo del citado Consejo y está compuesto por expertos independientes en derecho constitucional nombrados por los 47 estados miembros de la organización madre; son profesores de derecho, jueces de tribunales supremos o constitucionales, ministros o legisladores.
Agrega que fue creada en 1990, tras la caída del Muro de Berlín, y en 1991 ayudó a la creación de la primera Constitución democrática de Rumania desde 1947.
Finalmente, Berbell  recuerda que el 11 de marzo de 2017 la Comisión reclamó España que adoptara medidas para garantizar la neutralidad del Tribunal Constitucional de España, ya que consideraba que la ley 15/2015 dejaba al Constitucionalen una posición no neutral.

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