Por Francisco Javier Benjamín Jacobsen, Universidad de Chile

Este lunes, la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, descartó que el trabajo de la Comisión Asesora contra la Desinformación pueda verse frenado por el Tribunal Constitucional, tras la aprobación del proyecto de acuerdo impulsado por la oposición en el Senado que pretende sujetar la nueva comisión asesora un control de constitucionalidad.

“Creemos que es completamente coincidente con nuestro marco institucional, y de hecho, es una de las 14 comisiones que hoy tiene el Ministerio de Ciencia en distintas materias”, sostuvo la secretaria de Estado en conversación con Radio Cooperativa.

Frente a la advertencia de la Sociedad Interamericana de la Prensa, respecto a que «debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de la información», la ministra coincidió en que «cuando una comisión se pronuncia respecto de contenidos específicos y dice ‘esto es verdad y esto no lo es’, es una situación compleja que nuestro Gobierno nunca va a avalar».

Sin embargo, «esta comisión va a estudiar el fenómeno de la desinformación, y a partir de ahí generar recomendaciones, que van a estar disponibles para el Ejecutivo, pero también para el Legislativo, para los medios de comunicación y para quien quiera mirarlas, para a partir de ahí tomar medidas de política pública», sentenció la ministra.

¿Cuáles son las funciones de la Comisión puesta en duda?

Tal como señala el decreto del Diario Oficial que crea la nueva comisión asesora, sus funciones serían las de:

1. Recomendar a los Ministros o Ministras de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Secretaría General de Gobierno, las medidas y/o elementos que contribuyan al desarrollo de la política pública sobre la base del análisis de los distintos conocimientos asociados a la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia.

2. Asesorar técnicamente la participación del Ministerio Secretaría General de Gobierno en el Hub de Desinformación de la OCDE y en las instancias internacionales relevantes para la temática de la desinformación y su impacto en la democracia. Sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda ejercer al Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. Elaborar informes de actividades que contengan las propuestas o conclusiones que surjan en el marco de su funcionamiento, proponer recomendaciones y resolver consultas sobre las temáticas señaladas, previamente formuladas por parte de Secretaría General de Gobierno y/o del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Por su parte, cabe destacar que el propio decreto señala que estas funciones “son de naturaleza consultiva y en ningún caso pueden importar el desarrollo de acciones de carácter ejecutivo por parte de la Comisión Asesora”.

Paulina Ibarra, académica e integrante de la comisión asesora convocada por el Ejecutivo, asegura que la Comisión está trabajando de manera autónoma, agregando que, a su juicio, toda la polémica suscitada por su creación —incluido el proyecto de acuerdo del Senado que busca pronunciamiento del TC— es “justamente una campaña de desinformación” contra la iniciativa misma.

Además, agregó que “los medios (de comunicación) son un aliado en esta lucha” contra la desinformación. En este contexto, reiteró que la autonomía es relevante y señaló que: “El Estado convoca y nosotros estamos actuando de acuerdo a esa convocatoria, pero no es algo que hoy en día esté liderando el gobierno”.

¿Por qué se presentará este instrumento ante el Tribunal Constitucional?

Este martes fue aprobado el Proyecto de Resolución N°932 de la Cámara de Diputados contra el Decreto N° 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que creó la Comisión Asesora contra la Desinformación. Dicho proyecto señala que: « hoy en día la relación de los medios de comunicación y las plataformas digitales es claramente estrecha, impidiendo que una regulación en una materia no afecte a la otra de alguna manera, pudiendo afectarse así la libertad de expresión como la de prensa a la hora de establecerse limitaciones o regulaciones equivocadas en el ámbito de las plataformas digitales.”.

En esta misma línea, el texto indica que “el espacio de discusión de estas materias debiese ser el Congreso Nacional y no un organismo creado por decreto, cuyos miembros serán elegidos y reelegidos discrecionalmente, peligrando así la transversalidad de sus futuras propuestas”

Lo anterior se suma a las posturas de los académicos universitarios Pedro Anguita y María José Labrador, cuyas preocupaciones respecto de la Comisión son sumadas al proyecto, destacando “lo preocupante de que la integración y el futuro desempeño de esta instancia cuente con sesgos ideológicos o partidistas, y por tanto, no independientes, lo que podría constituir a este órgano en un espacio de instrumentalización en vez de un oportunidad para innovar en el combate efectivo contra la desinformación”.

Respecto a la polémica generada por la nueva comisión, la senadora Luz Ebensperger (UDI) sostuvo la semana pasada que “creemos que uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de expresión. Y no nos parece la existencia de una Comisión contra la Desinformación que va a establecer cuáles son las verdades oficiales”.

Sin embargo, al ser preguntada sobre las repetidas aclaraciones del Ejecutivo respecto del mero carácter consultivo de la Comisión, donde se ha afirmado que la instancia no tiene competencia para coartar la libertad de expresión de nadie, Ebensperger se limitó a decir: «No lo sé, no me queda claro».

Respuestas por parte del Ejecutivo

Desde el Gobierno, el Ministro de Justicia, Luis Cordero, replicó que: «Con todo el respeto que le tengo a la senadora Ebensperger, no hay nada en ese decreto que pueda llevar a esa conclusión, particularmente por las características que tiene, es una comisión asesora presidencial».

«Logro entender el punto de la discrepancia política que hay sobre este debate, y otra cosa distinta es cuando se impugna un instrumento (una comisión asesora) que ha sido sistemáticamente utilizado por distintas administraciones», reprochó.

El ministro resaltó que «es más transparente tener una comisión de expertos ajenos al Ejecutivo sobre elementos clave de la desinformación, asumiendo que la desinformación es compleja para la democracia». En ese contexto, «entendería que al menos estamos de acuerdo con eso, y si no, entonces tenemos una discrepancia un poco mayor», enfatizó.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la potestad del Ejecutivo para convocar asesores en distintas materias y aseguró que: “Esta comisión va a revisión de la Contraloría y la Contraloría hace toma de razón de su legalidad. Por lo tanto, son fórmulas que son legales, que son facultad del Ejecutivo”. Además, la ministra señala que “si es que empezáramos a determinar por ley si el Ejecutivo puede crear una u otra asesoría, vamos a rayar en el absurdo de interferir en facultades que son de otro poder del Estado y que son, además, del todo razonables”.

La postura del oficialismo

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, defendió que «el Gobierno ha creado una comisión asesora a través de un decreto que ha sido tomado de razón y que cuenta con una legalidad que ha sido aprobada por la Contraloría General de la República«.

Desde el Partido Comunista, la senadora Claudia Pascual señala que la comisión «es no vinculante. Ni siquiera tiene el mandato de generar una ley», mientras que su homólogo Daniel Núñez sentencio respecto de la Comisión que: «La palabra ‘asesora’ da su naturaleza: no decide políticas públicas ni conculca ningún derecho. Lo que acá existe es que hay un aval político de la derecha de Chile a las fake news, y eso es lo que les molesta”.

Por su parte, el presidente del partido Comunes, Marco Velarde, dice no entender el sentido detrás del proyecto de acuerdo impulsado por la oposición, asegurando que esto solo se hace “con un ánimo de golpear al Gobierno”.

“La ministra de Ciencia y la ministra Vallejo han sido súper claras en decir que esto no es legislación, solo va a proponer medidas y no va a afectar el desarrollo de los medios de comunicación ni le va a limitar la libertad de expresión a nadie”, afirmó Velarde.

La Comisión recibe felicitaciones internacionales

Desde Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aplaudieron la creación de la Comisión contra la Desinformación, la que deberá emitir dos informes: el primero enfocado en «ordenar el estado del arte» del fenómeno, y el segundo, para formular «orientaciones y recomendaciones» para el desarrollo de políticas públicas.

«Me alegra ver que la alfabetización digital será uno de los temas centrales que analizarán. La información mediática y la alfabetización digital capacitan a las personas y las hacen resistentes a la desinformación y a la información errónea», señaló la académica Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Asimismo, dijo que le «complace comprobar que esta comisión consultiva reúne no sólo a académicos y expertos, sino también a voces de la sociedad civil».

Por su parte, Julio Bacio, jefe de División de Integridad del Sector Público de la OCDE destacó que «Vemos la comisión como una instancia que ayudará a analizar y el fenómeno de la desinformación, entender su naturaleza, magnitud y constante evolución; además de asesorar y formular recomendaciones para empoderar a las personas, sensibilizar a la sociedad, siempre preservando la libertad de expresión y la tolerancia».

Es así como, en medio de una ola de críticas y alabanzas desde distintos frentes, tanto en el ámbito nacional como internacional, la ciudadanía queda atenta a lo que determinará el Tribunal Constitucional respecto de la Comisión Asesora contra la Desinformación y su posible inconstitucionalidad.