El recurrente accionó contra una autopista concesionada alegando incumplimiento en el deber de resguardo de su información personal, pero no concurrió ante un arbitro mixto para resolver el litigio -que era lo acordado en el contrato de arriendo de la televía-, asilándose en que la magistratura civil podía conocer la causa por haber terminado el contrato por la llegada del plazo, razonamiento desestimado por el máximo Tribunal.