El Reino Unido aceptó que la controversia podría resolverse por alguno de los medios previstos en el artículo 33 de la Carta de la Naciones Unidas, y que no tendría ningún papel en ese procedimiento. En estas circunstancias, no entra en juego en este caso el principio del Oro Monetario (que plantea que un tribunal no es competente para resolver cuando un tercero implicado no ha aceptado su jurisdicción).