La diligencia judicial se llevó a cabo, durante dos días, por el reclamo de las comunidades indígenas en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, debido a la aprobación del nuevo Plan de Cumplimiento, PdC, que tuvo que presentar la empresa por la serie de infracciones a sus compromisos ambientales.

La comunidad indígena argumenta que “la autoridad ambiental ha validado en reiteradas ocasiones y de forma arbitraria, incluso en la resolución reclamada, la afirmación del titular respecto a que su proyecto no generará aquellos impactos significativos en relación con la comunidad indígena de Colla de Pai Ote”.

Para la compañía minera no se justifican los argumentos de rechazo e insisten en haber trabajado “activamente y en cooperación con la SMA desde la presentación del primer PdC en mayo de 2021”.

Se concluyó que el proyecto fue correctamente evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

La sociedad de la Zona Franca de Iquique solicita la inspección personal del tribunal al lugar afectado y se argumentan diversos aspectos que dicen relación con una posible contaminación por concentraciones de hidrocarburo en las aguas subterráneas, en el alcantarillado y en el suelo, todas las que -según los antecedentes presentados- superarían los límites establecidos por normas nacionales e internacionales.

“Esta diligencia se realizó en 4 paños que dicen relación con las reclamaciones, donde quienes reclaman entienden que sus predios no deberían formar parte de esta declaratoria de humedal urbano, por lo que se encuentran impugnando el acto emanado por el Ministerio del Medio Ambiente”, explicó la ministra presidenta Sandra Álvarez.

Las denuncias presentadas tienen relación con obras efectuadas por la empresa sin la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y las posibles afectaciones que eso podría haber provocado a los ecosistemas.

La fundamentación del recurso radica en el espacio territorial de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, el que no solo contemplaría la Región de Coquimbo, sino también la Región de Atacama, situación por la que el proyecto – a juicio de quien presentó la acción- debió ser evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental y no por la comisión de la región.

En el análisis realizado por la sala conformada, se pudo establecer que el área de influencia del medio marino fue correctamente determinada ya que incorporó todas las partes, obras y acciones del proyecto y además, identificó adecuadamente los elementos del medioambiente que podrían ser potencialmente receptores de los impactos.

El objetivo fue recopilar mayores antecedentes luego de los hallazgos constatados por la Dirección General de Aguas, DGA, en el marco de la fiscalización que realizó el organismo para verificar si la extracción de agua que estaba efectuando la empresa se ajusta o no a lo decretado por el tribunal y porque la empresa aseguró que “ha actuado conforme a lo exigido”.