La Cuarta Enmienda, incorporada contra los Estados, prohíbe allanamientos irrazonables. La razonabilidad de un uso particular de la fuerza debe juzgarse desde la perspectiva de un oficial razonable en la escena. El cálculo de la razonabilidad debe incluir el hecho de que los agentes de policía a menudo se ven obligados a hacer juicios en fracciones de segundo -en circunstancias tensas, inciertas y que evolucionan rápidamente- sobre la cantidad de fuerza que es necesaria en una situación particular.