La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito (Estados Unidos) desestimó el recurso de apelación deducido por los dueños de un perro que fue abatido por la policía durante un operativo que involucró un allanamiento a su propiedad. Dictaminó que los agentes no violaron la Cuarta Enmienda y que su actuar está amparado por la inmunidad calificada.
Según los hechos del caso, un hombre llamó a la policía para denunciar un caso de violencia doméstica en curso, señalando que el presunto incidente estaba ocurriendo en la casa de los demandantes. Al llegar, los agentes desenfundaron sus armas por precaución tras ser alertados de la presencia de animales en la zona, que por lo demás era boscosa.
Cuando llegaron a inspeccionar el domicilio de los actores, un perro se abalanzó sobre ellos para atacarlos por lo que dispararon dos veces en su contra, provocándole la muerte en el lugar. Sin embargo, abandonaron la propiedad tras percatarse que el incidente estaba ocurriendo en otro domicilio. Los propietarios del can demandaron a los policías y a la autoridad de la ciudad.
Adujeron una vulneración de sus derechos al tenor de la Decimocuarta y Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos de registros y allanamientos ilegales. También aseveraron que el actuar negligente de los agentes estuvo motivado por políticas y costumbres impulsadas por la autoridad policiaca. Su demanda fue desestimada en primera instancia, decisión que impugnaron vía apelación.
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En su análisis de fondo, la Corte observa que “(…) la Cuarta Enmienda, incorporada contra los Estados, prohíbe allanamientos irrazonables. La razonabilidad de un uso particular de la fuerza debe juzgarse desde la perspectiva de un oficial razonable en la escena. El cálculo de la razonabilidad debe incluir el hecho de que los agentes de policía a menudo se ven obligados a hacer juicios en fracciones de segundo -en circunstancias tensas, inciertas y que evolucionan rápidamente- sobre la cantidad de fuerza que es necesaria en una situación particular».
Agrega que “(…) la inmunidad calificada protege a un oficial de policía de una demanda a menos que su conducta viole un derecho claramente establecido del demandante. El demandante debe demostrar que el funcionario violó un derecho constitucional y que ese derecho estaba claramente establecido en el momento de la violación. Un derecho se establece claramente sólo si cualquier funcionario razonable entiende que sus actuaciones violan ese derecho”.
Comprueba que “(…) los demandantes sostienen que las acciones de los policías violaron sus derechos bajo la Cuarta Enmienda. Dispararle a un perro es apoderarse del efecto de una persona, por lo que el estándar constitucional es la razonabilidad. Incluso si las acciones de un oficial se consideran irrazonables según la Cuarta Enmienda, tiene derecho a inmunidad calificada si razonablemente cree, erróneamente, que el allanamiento estaba permitido, si fuera “razonablemente irrazonable”.
La Corte concluye que “(…) dado el comportamiento del perro y la incapacidad del dueño para controlar al animal en la entrada, un oficial razonable podría haber percibido al animal como una amenaza inminente. El primer disparo del policía fue razonable. A este se le presentó una decisión en una fracción de segundo para determinar si debía volver a disparar para proteger a su colega. Como mínimo, fue una decisión necesariamente rápida en una zona gris donde los agentes están protegidos por inmunidad calificada”.
Al tenor de lo expuesto, la Corte desestimó el recurso y confirmó el fallo impugnado.
Vea sentencia Corte de Apelaciones del Octavo Circuito No. 22-2815.