El requirente alega que la norma legal objetada vulnera la dignidad humana, la igualdad ante la ley, las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que a falta de acuerdo sobre la indemnización compensatoria el juez la fijara y ordenará su pago en un plazo de entre 5 a 10 años, y solo con los reajustes e intereses que en ella se establecen.