El requirente alega que la norma legal objetada infringe la libertad personal y seguridad individual, el derecho a un procedimiento racional y justo, el derecho a defensa y el debido proceso, desde que a pesar de estar en prisión preventiva se le impide conocer los antecedentes de la causa, por cuanto no se puede acceder ni a la carpeta investigativa ni a la oficina virtual del Poder Judicial.