Requerimiento de inaplicabilidad.
Norma que permite al fiscal mantener en secreto la investigación respecto del imputado por delitos de lavado de activos, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la libertad personal y seguridad individual, el derecho a un procedimiento racional y justo, el derecho a defensa y el debido proceso, desde que a pesar de estar en prisión preventiva se le impide conocer los antecedentes de la causa, por cuanto no se puede acceder ni a la carpeta investigativa ni a la oficina virtual del Poder Judicial.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 31, inciso primero, de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
El precepto legal impugnado establece:
“Artículo 31.- La investigación de los delitos que se refieren los artículos 27 y 28 de esta ley será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y también para los terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal. Respecto del imputado y de los demás intervinientes, la investigación será secreta cuando así lo disponga el fiscal, por un plazo máximo de seis meses, renovables con autorización del juez de garantía, por una sola vez y por igual término.”
Te puede interesar
Auto de apertura.
Tribunal español fijó fianza de 4.7 millones de euros a acusados de haberse quedado con un boleto de lotería premiado de un cliente fallecido.
Recurso de casación rechazado
Que el delito de blanqueo de capitales no sea un delito de sospecha, no significa que no pueda acreditarse por prueba indiciaria, resuelve Tribunal Supremo de España
Brasil.
Juez y su hijo abogado son investigados por vender sentencias favorables a narcotraficantes.
