Dado que la posesión de la nacionalidad de un Estado miembro constituye de conformidad con la normativa europea un requisito indispensable para que una persona pueda adquirir y conservar la condición de ciudadano de la Unión y gozar plenamente de los derechos inherentes a dicho estatuto, la pérdida de dicha nacionalidad implica, por tanto, para el interesado, la pérdida de dicho estatuto y de dichos derechos.