Efecto jurídico requerido.
CGR se pronuncia sobre dictación de decreto alcaldicio que declara cese de contratación de funcionaria.
El ente de control aduce que, de conformidad a los dictámenes N°s. 1.596 y 68.462, ambos de 2011, la autoridad administrativa tiene la facultad de poner término a las designaciones a contrata.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de la Municipalidad de la Cisterna- un pronunciamiento que determinara si se ajustó a derecho el ejercicio de la facultad de esa entidad edilicia de poner término anticipado a una contratación anual, por no ser necesarios sus servicios.
El ente de control aduce que, de conformidad a los dictámenes N°s. 1.596 y 68.462, ambos de 2011, la autoridad administrativa tiene la facultad de poner término a las designaciones a contrata, en el momento que estime conveniente, cuando aquellas han sido aprobadas bajo la fórmula «mientras sean necesarios sus servicios» u otra similar, no obstante que el respectivo funcionario se encuentre gozando de licencia médica, toda vez que esta no confiere inamovilidad en el empleo.
Enseguida, se sostiene que a través del dictamen N° 20.222, de 2013, entre otros, ha precisado que las autoridades de las entidades que forman parte de la Administración del Estado, en el ejercicio de sus facultades, deben expresar sus decisiones a través de la emisión de los correspondientes actos administrativos, los cuales, según prescribe el artículo 12 de la ley N° 18.695, en sus incisos primero y cuarto, se denominan decretos alcaldicios cuando se trata de resoluciones emanadas del jefe comunal que versan sobre casos particulares.
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