En fallo unánime, la Octava Sala del Tribunal de alzada capitalino resolvió que el organismo fiscalizador carecía de atribuciones para declarar fuera de las normas administrativas a la Corporación Cultural que se creó y cuya existencia sería financiada con platas del Gobierno Regional.
La sentencia considera que no se le respetó a la recurrente el derecho constitucional de “igualdad ante la ley”.
“La ilegalidad constatada infringe la igualdad ante la ley, en su vertiente de haberse erigido, de ese modo, la entidad contralora en una Comisión Especial al atribuirse facultades jurisdiccionales que claramente no le competen en esta materia, además de haber vulnerado la libertad de asociación de la corporación recurrente fuera de los casos que la Constitución y la ley del ramo contemplan”.
La Corporación Cultural se creó en 2018 para llevar adelante las actividades del Centro de Extensión, ubicado al interior del Liceo José Miguel Carrera (Instituto Nacional), obteniendo la personalidad jurídica ante el Registro Civil.
Sin embargo, una apoderada del centro educacional solicitó un pronunciamiento a la Contraloría, la que luego de analizar los antecedentes emitió el dictamen impugnado ordenando poner término a la Corporación.
El CDE apeló del fallo y será la Tercera Sala de la Corte Suprema la que se pronunciará en definitiva sobre la legalidad del dictamen.

Vea texto íntegro de la sentencia Rol Nº 172.936-2019 y Dictamen 13.901

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