Corte Constitucional de Ecuador sistematizó las pautas para examinar si una decisión está motivada.

El caso se refiere a una demanda laboral por despido intempestivo presentada por una persona en contra de una empresa naviera. La demanda fue acogida, y todos los recursos interpuestos por la recurrente fueron rechazados. En virtud de lo anterior, la empresa presentó ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección. La recurrente alega que se vulneró la garantía de motivación, por cuanto considera que la sentencia impugnada carecía de razonabilidad, lógica y comprensibilidad.

En este contexto, la Corte Constitucional efectúo un extenso y detallado balance sobre su jurisprudencia relativa al “test de motivación” y se alejó explícitamente de él. En un giro jurisprudencial, reemplazó dicho test y estableció nuevas pautas para examinar los casos de vulneración de la garantía de motivación.

En este sentido, la Corte establece como criterio rector que toda argumentación jurídica para ser suficiente debe tener una estructura “mínimamente completa”. Al respecto, refiere que “no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho”. Por el contrario, no se vulnera la garantía de motivación cuando concurren copulativamente dos elementos, a saber, una fundamentación normativa suficiente, y una fundamentación fáctica suficiente.