Los consejeros continúan con su trabajo, revisando los capítulos del anteproyecto, deliberando sobre sus principales puntos y recibiendo en audiencia a expertos. Pero todo ha sido en silencio. La contingencia de los últimos días, marcada por las polémicas en la política, la lluvia y el feriado han copado la agenda. Peor aún cuando se puso fin a este miércoles a algunos de los mecanismos de participación.

Todo esto y más en una nueva edición del Boletín Constitucional.

A finales de la pasada semana, el diputado Miguel Mellado (RN) reconoció haber grabado sin consentimiento una reunión convocada por el gobierno para la inminente visita del Presidente Gabriel Boric a la Región de La Araucanía. A inicios de esta, la también diputada Catalina Perez (RD) tuvo que renunciar a la vicepresidencia de la cámara baja luego de un caso de presunta corrupción dentro del Minvu y que involucra a su actual pareja.

Estos dos casos acapararon toda la atención de los medios durante los últimos días. Y, así, el proceso constitucional ha pasado casi desapercibido esta semana. No solo se han publicado pocos artículos sobre sus avances, sino que también pocas columnas y cartas discutiendo sus contenidos. Pero los consejeros, silentes e inadvertidos, continúan con sus labores.

El pasado fin de semana, uno de ellos, afirmó que “no es sano que haya un partido que tenga 22 de los 50 consejeros”: era nada más ni nada menos que el presidente de la comisión de Sistema Político y militante de la UDI, Edmundo Eluchans. El consejero habló de todo, de las presidencias y las polémicas con la izquierda, la desafección ciudadana el umbral del 5% y la necesidad de ponerle fin a la dispersión parlamentaria, y otras medidas controversiales como las órdenes de partido.

 

Los consejeros ya están viviendo dentro de sus respectivas comisiones deliberaciones sobre algunos de los principales ejes de la nueva propuesta constitucional. Y, en ese sentido, no son pocos los que han visto la posibilidad de ingresar enmiendas de “unidad de propósitos”, que son apoyadas por el grueso del pleno. Una táctica que ya vimos en la recta final de la Comisión Experta.

Y es que muchos consejeros, de uno y otro lado, han admitido que ha existido un espacio para el diálogo y donde las posturas han sido abiertas y fraternales, buscando cerrar acuerdos antes que enfrascarse en discusiones. Y, de hecho, han existido incluso reuniones (informales) entre republicanos y socialistas. Pero más allá de estas instancias existe la intención al menos de lograr entendimientos.

Una de las consejeras que lo ejemplifica es María Pardo, delegada de la bancada de Convergencia Social y el Partido Comunista. Sin embargo, también aclaró que ve complejo consagrar algunos derechos importantes para el sector, como el aborto libre o la paridad. Si aprobará o rechazará estará, según sus propias palabras, por verse. Todo dependerá de la deliberación.

Algo que sí reafirmó Pardo fue su intención de remar hasta el final. No son pocas las voces de la oposición que han acusado a sectores del oficialismo de restarse del proceso. Pero también, no son pocas las voces del oficialismo que han defendido este proceso incluso ante las adversidades para la coalición. La misma presidenta del PS, Paulina Vodanovic, llamó a los militantes socialistas a no hacerse parte “de aquellos que miran con desdén este proceso”.

Y es que hay conciencia de que se necesitará de apoyo y legitimidad para poner punto final a este proceso de buena forma. Ya no hay más chances. Y en ese sentido, la presidenta de la Comisión de Expertos, Verónica Undurraga, expresó que espera no perder el norte y llegar al 17 de diciembre con una Constitución que sea aprobada por una gran mayoría para cerrar este capítulo y que no caer en un “loop constitucional permanente”.

Pero no todos son risas. También, dentro del Consejo hay desentendimientos. Y esta semana ha vislumbrado esas diferencias que también existen fuera del ex-Congreso. Voces académicas y de la sociedad civil han puesto algunos reparos a aspectos específicos del anteproyecto de los expertos. Y en esa delgada línea, entre los elogios y las críticas, los consejeros han debido de moverse.

 

Lunes: la visita del presidente Boric y la polémica del Estado Social de Derecho

La semana de los consejeros fue de dulce y agraz. Pasado las una de la tarde, Beatriz Hevia (Republicanos) y Aldo Valle (PS), presidenta y vicepresidente de la mesa directiva de la mesa respectivamente, acudieron a una solemne y corta reunión con el mandatario Gabriel Boric en La Moneda. Fue de carácter protocolar, pero que ya marca una diferencia más con el proceso anterior.

«Es una señal hacia el país de que juntos estamos trabajando un proyecto hacia adelante, donde las distintas autoridades podemos trabajar en coordinación», sostuvo la presidenta del Consejo Constitucional. Este “gesto cívico” se suma a otras reuniones pactadas con los otros poderes del Estado a realizarse en los próximos días.

Sin embargo, el día terminó en polémica tras la intervención de la consejera por RN, Ivonne Mangelsdorff, en la Comisión de principios. En la instancia se abrió una vieja discusión que parecía zanjada, pero que aún sigue generando posturas irreconciliables: el principio de subsidiariedad y su compatibilidad con el Estado Social.

Durante su intervención, la consejera defendió la idea de explicitar el principio en la nueva constitución. El oficialismo ha argumentado que es incompatible e innecesario: el Estado social es una superación de la subsidiariedad. La oposición ha defendido que, sin subsidiariedad, no existe Estado Social. Frente a esta disyuntiva, la Comisión Experta en su minuto decidió no mencionar el término en el anteproyecto, pero sí incluir normas que contienen su espíritu. Y, de hecho, generó consenso entre el grueso de los comisionados.

Quienes también están de acuerdo con la redacción actual es el Partido Republicano. Si bien no se cierran a la idea de revisarlo, sí se han mostrado satisfechos con el trabajo de la Comisión. No obstante, desde el oficialismo miran la situación con preocupación, e incluso ya han anunciado (o amenazado) que no dudarán en recurrir al Comité Técnico de Admisibilidad de estimarlo necesario para revertir la situación.

Pero esa no fue la única Comisión que sesionó durante el día lunes. También hizo lo propio las instancias de Derechos Económicos y Sociales, una de las más delicadas. Aunque, de nuevo, el fantasma del Estado Social rondó por la sala del ex-Congreso donde sesionó la Comisión.

Los consejeros recibieron a algunos académicos para recibir sus alcances y análisis sobre el catálogo de derechos que actualmente incluye el anteproyecto. Eran dos para ser más precisos, ambos abogados, ambos de la Pontificia Universidad Católica, y ambos con una mirada similar: precisar la dimensión del Estado Social y su interacción con los derechos del anteproyecto.

 

Martes: el derecho a la vida y el umbral del 5%

Al siguiente día, temprano por la mañana, se reanudó el trabajo de los consejeros dentro de sus respectivas comisiones. Así, en la instancia de Función Jurisdiccional se recibió al Ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, Jorge Dahm, y a la secretaria relatora del organismo, Carmen Gloria Valladares.

Dentro de los diferentes puntos que se abordaron, Dahm expuso sobre los criterios ligados a la composición de los Tribunales Electorales Regionales (TER) como el límite de edad de sus integrantes y la duración en el cargo. Mientras que Valladares  destacó que se haya incluido en el borrador constitucional la Superintendencia directiva, correccional y económica de dichos tribunales.

Y ya por la tarde, otras dos comisiones sesionaron: la de Principios y la de Sistema Político. En la primera, se recibieron a una serie de académicos para exponer su opinión sobre el primer capítulo del anteproyecto: “Fundamentos del Orden Constitucional”. Los profesores Gonzalo García, de la Universidad Alberto Hurtado, y Soledad Bertelsen, de la Universidad de los Andes, debatieron sobre si el anteproyecto jerarquiza los tratados internacionales.

Más tarde, y en la misma sesión, consejeros y comisionados expertos revisaron el derecho a la vida del que está por nacer, algo que no quedó consagrado en el anteproyecto, lo cual es una de las principales materias que consejeros de oposición pretenden dejar constitucionalizado.

Pero la comisión que se llevó todas las miradas fue la “sala de máquinas”. En la sesión pasó de todo. Primero se recibieron a académicos, entre ellos al ex-ministro Nicolás Eyzaguirre, quien abordó ciertos modelos de políticas públicas y de desarrollo, algunos presentes en Europa, los países nórdicos y en Estados Unidos. Asimismo, el economista abordó el tema de la salud, materia que también es parte del debate de la comisión.

Otro de los que expuso fue José Manuel Díaz de Valdés, quien en la sesión mencionó que para constitucionalizar ciertos derechos como los económicos, sociales, culturales, ambientales, entre otros, “hay distintas formas de hacerlos, y una de ellas es a través de los deberes del Estado”.

También, intervino el académico Francisco Zúñiga, donde manifestó que “constitucionalizar el derecho a la libre elección es una exageración”. Además, fue categórico en comentar que “no siempre la habilitación del sistema social y democrático de derecho da respuestas”.

Pero lo que generó especial atención dentro de la comisión de Sistema Político fueron las exposiciones sobre el umbral del 5% y las iniciativas populares de norma, dos elementos muy discutidos dentro de los medios y entre los propios parlamentarios. Para ello se invitó a Marco Olivetti y Gabriel Negretto, académicos que abordaron las iniciativas populares y ciertos cambios para las elecciones de parlamentarios.

Olivetti, destacó que en los procesos de referéndum de su país (Italia) hay un correctivo que también se encuentra en el anteproyecto constitucional de Chile: el quórum de participación de 500 mil firmas para declarar admisible el plebiscito.

Por su parte, Negretto expuso que “mi respuesta es mantener el presidencialismo e incrementar los poderes de agenda legislativa del presidente, moderar la fragmentación partidaria, fortalecer los partidos como organizaciones disciplinadas y programáticas, además de proveer mecanismos de participación ciudadana directa”.

Por último, la comisión discutió el umbral del 5% que restringirá el acceso a escaños parlamentarios a partidos que no lleguen a ese porcentaje de votos. Mientras que el académico y politólogo argentino, Gabriel Negretto, lo consideró “restrictivo” y “cuestionable”, el consejero republicano, Luis Silva, estimó que “el sistema de partidos políticos en Chile no está en crisis”.

 

Miércoles: feriado, pero no para la Secretaría

El día miércoles las comisiones pusieron pausa a sus labores. Y era obvio: se celebró el día de los Pueblos Indígenas. Pero quienes sí realizaron labores fue la Secretaría de la Participación Ciudadana. De hecho, este mismo día marcó el fin de la solicitud de audiencias públicas y el ingreso de las iniciativas populares de normas.

En principio, estos mecanismos tenían un plazo mucho más acotado. Pero, tras la solicitud del mismo Consejo Constitucional, el Congreso aprobó una reforma para extender en 7 días más el uso de estos mecanismos.

A estos se suman otras formas de participación, como los diálogos autoconvocados. El martes, por ejemplo, se realizó uno de ellos en la comuna de Renca, propiciado por Acción Solidaria, red del Hogar de Cristo, en conjunto con la Secretaría para la Participación Ciudadana. Además, en dicha ocasión participaron diferentes organizaciones civiles del encuentro, como la ONG Hijos de la Calle o la también ONG Acción Diversa.

Los diálogos y las consultas ciudadanas online se extenderán durante todo el mes de la participación, hasta el próximo 7 de julio, fecha límite para subir las conclusiones de los encuentros en quieroparticipar.cl. Pero aún existe preocupación en el mundo político respecto a la desafección ciudadana.

Si bien todavía no existen cifras oficiales, sí existen diferentes encuestas que ejemplifican el desinterés por el proceso. Y, en este contexto, los propios sectores políticos han comenzado a desarrollar sus propias formas de hacer participar a la gente. El Partido Republicano, por ejemplo, ha publicado en las páginas de sus consejeros formularios para solicitar audiencia con ellos o hacerles llegar ideas.

Chile Vamos, en tanto, sostuvo que realizarán encuentros con la gente los fines de semana. Mientras que el oficialismo trabaja en estrategias de difusión territorial y la ayuda de los canales partidistas.

Los partidos son, sin embargo, conscientes del estrecho calendario del proceso constitucional. Y es que las fechas de participación son acotadas y mucho más cortas que el periodo anterior. Sin embargo, dentro del Consejo afirman que esta es una oportunidad para lograr conectar con la gente e incentivarlas a participar.

Sea como sea, la Secretaría de la Participación se prepara para recibir, recopilar, analizar y entregar la información a los consejeros. Ahora bien, debido a los altos volúmenes de datos, y la necesidad de obtener rápidos resultados, la Secretaría decidió utilizar herramientas de inteligencia artificial. 

Claudio Troncoso, secretario ejecutivo de Participación Ciudadana, explicó que “las plataformas son esenciales para escuchar a la ciudadanía” debido a que gran parte del proceso de participación será de forma telemática. Pero, además, “también serán esenciales en el proceso de almacenamiento y sistematización de datos para llegar en tiempos oportunos a incidir en el proyecto de Carta Magna que se plebiscitará en diciembre”, agregó.

Por su parte, Ignacio Irarrázaval, también secretario ejecutivo de Participación Ciudadana, explicó que la IA se utilizará “para analizar la información que está entregando la ciudadanía, a lo largo del país, de manera rápida y transparente”.

 

Jueves: Hitler y el Estado Social

El viernes chico inició sus sesiones a partir de las 9:30 de la mañana. Una de ellas fue la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, que recibió a los académicos José Luis Lara y Francisco Zúñiga, como también al presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle.

En referencia a la Contraloría General de la República, el abogado de la Universidad Católica, José Luis Lara, destacó el carácter autónomo del organismo e hizo algunas propuestas, como crear un consejo asesor y que la toma de razón se aplique en las municipalidades.

Una de las mayores preocupaciones sobre el rol de la Contraloría es su transparencia. En ese sentido, José Gonzalez, consejero RD, manifestó estar de acuerdo con la fiscalización de los gastos e inversiones de la municipalidad que propuso Lara. Además, el consejero destacó la especial situación que vivirá el norte del país debido al royalty minero, con el cual llegarán nuevos recursos a los gobiernos comunales.

En cuanto al Servicio y Justicia Electoral, los principales expositores fueron Andrés Tagle y Francisco Zúñiga. El primero, analizó las normas -expuestas en el capítulo X– referentes a la calificación de elecciones, sanciones y expulsiones de partidos políticos por parte del Tricel.

El académico de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, expresó por su parte que, en su opinión, el gobierno y administración de los tribunales de justicia electoral no deberían estar residenciados en el Tricel. “Debería pensarse en un consejo a cargo de nombramientos y de la administración de este órden judicial”, propuso.

En paralelo, la comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos sesionó y recibió a Julio Alvear y Gonzalo Candia, con el objetivo de continuar el estudio y discusión del Capítulo I, sobre Fundamentos del Órden Constitucional. En este sentido, los académicos propusieron cambiar la redacción del artículo 5 inciso 2 que propone que “Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, favoreciendo la protección más amplia de la persona”. Alvear, académico de la facultad de derecho de la Universidad del Desarrollo, explicó que es peligroso que normas constitucionales queden en manos de tratados internacionales. 

Quienes visitaron además la sesión de la comisión fueron Juan Pablo Venegas y Anuar Quesille, quienes pertenecen a la Organización Pacto Niñez. Los representantes de la organización propusieron mejorar ciertas normas con el objetivo de constitucionalizar la protección de niños y adolescentes.

Pero no todo fue tranquilidad o normalidad dentro de la comisión. El invitado de la bancada republicana, Rodrigo Poyanco, quien se desempeña como académico en la Universidad Finis Terrae, cuestionó el Estado Social y Democrático de Derecho. Poyanco puntualizó que más de dos millones de inmigrantes que hoy se encuentran en Chile provienen de países donde el Estado Social no funcionó a plenitud. Sin embargo, sus dichos polémicos vinieron después, cuando el académico utilizó la figura de Adolf Hitler para explicar las atribuciones del Estado.

Poyanco comenzó argumentando que los alemanes de aquella época establecieron que el Estado Social era incompatible con el de Derecho. Y, en ese sentido, citó al dictador nazi: “estamos firmemente decididos a construir un estado social que debe ser y será modelo de perfección en todas las esferas de la vida”. El punto de Poyanco era ejemplificar que “muchos regímenes totalitarios se justifican en nombre de los derechos sociales”. El académico terminó su presentación argumentando que los derechos sociales fueron sacados de la Constitución alemana de 1949, siendo esto “el sucio secreto de los alemanes, por eso se sienten tan culpables. Hitler si logró un Estado Social”, puntualizó.

Los dichos del invitado republicano generaron disgusto entre los consejeros oficialistas, quienes catalogaron indignante el discurso de Poyanco. Pero el movido día del Consejo no terminó allí.

Hasta la una de la tarde también sesionó la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; cuyos consejeros tuvieron como invitados a Eduardo Engel, Harald Beyer y Jorge Correa Sutil. Engel, por su parte, expresó que en cuanto a la salud, es partidario de no forzar este tema constitucionalmente, ya que no se sabe el avance que habrá en 40 años más tanto en tecnología como en posibles pandemias.

Por su parte, Correa Sutil comentó que a su parecer los derechos sociales, culturales y económicos no deberían ser tratados como un tema constitucional, sino que deben ser un deber del Estado.

Para finalizar la jornada, por último pero no menos importante, comenzó a sesionar la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. A partir de las tres de la tarde, los consejeros escucharon las exposiciones de Raúl Canosa, Eduardo Alemán, Francisco Zúñiga, Miguel Ángel Fernández y Alejandro Fernández, expertos en derecho que fueron invitados por la comisión.

En relación a la descentralización, Canosa se refirió al reparto territorial del poder político. El catedrático de derecho constitucional español explicó, que en España, regulan la relación entre el gobierno central y regiones a través de un consejo gobernador, lo cual les permite articular de mejor manera el poder político.

El profesor de derecho constitucional, Francisco Zúñiga, quien también expuso durante la mañana en la comisión de Función Jurisdiccional, valoró las herramientas existentes relativas al presidencialismo. Además, Zúñiga expresó estar de acuerdo con el umbral del 5% y que se limiten las leyes derogatorias.

A la exposición de Zúñiga, el consejero Edmundo Eluchans (UDI), se expresó en desacuerdo, ya que considera que ante la mayor influencia de los partidos en los parlamentarios, se corría el riesgo de que estos se quedaran sin voz.

 

Ojo con las investigaciones y estrategias de las coaliciones (Maite)

Las primeras semanas del Consejo han estado marcadas por diferentes encuestas y estudios. Uno de ellos, realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), analizó recientemente las similitudes y diferencias entre cuatro textos constitucionales chilenos: la constitución de 1925, la Constitución de 1980, la propuesta de la convención Constitucional y el anteproyecto de la Comisión Experta.

Según las conclusiones de los investigadores, el texto de los expertos vuelve al “núcleo semántico constitucional” o, mejor dicho, la tradición constitucional, a diferencia de las rupturas de la propuesta de la Convención Constitucional. Pero el anteproyecto no es un símil de la carta magna que rige hoy en nuestro país, y se diferencia de ella en aspectos como el reconocimiento indígena, la consideración de la biodiversidad y el Estado social y democrático de derecho. Este último concepto, sin embargo, no es del todo una innovación: ya había sido incorporado indirectamente en la constitución de 1925, y suprimido o escondido en la vigente Carta Magna.

Además, los remezones del 7-M siguen sin dar tregua. En el seno del cónclave de la UDI, celebrado en el hotel de Codegua, y que contó con la presencia de distintos analistas políticos, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, hizo un llamado a “estar preparados para competir con los republicanos”. La edil es consciente de que se deben buscar estrategias para potenciar la identidad del partido y darle una proyección. 

Por su parte, el Frente Amplio sigue analizando el llamado del presidente Gabriel Boric a transitar hacia un solo partido. Y si bien esto generó acuerdos entre Comunes y Convergencia Social, sí provocó también suspicacia en el seno de Revolución Democrática.

Los partidos han formulado diferentes estrategias para aminorar el golpe republicano. Sin embargo, con el tiempo se verán más métodos y acciones a medida que vaya avanzando el Consejo Constitucional, el cual culminará con las votaciones en el plebiscito de salida en diciembre. A partir del resultado de ese sufragio, se deberán tomar nuevas iniciativas para enfrentar las próximas elecciones municipales que suelen ser un reflejo de las presidenciales. El futuro está por verse.