La subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado inicio la discusión de las enmiendas de forma particular. Entre los temas abordados estuvo la eliminación del concepto “referendos”; el derecho a sufragio voluntario desde los 16 años; y el financiamiento de las campañas.

Al inicio de la sesión, uno de los debates se dio sobre la enmienda que propone agregar un nuevo inciso respecto a que “el derecho a sufragio será voluntario desde los dieciséis años y obligatorio desde los dieciocho”. Dicha enmienda fue patrocinada por consejeros constitucionales del oficialismo.

Desde este sector, el consejero constitucional, Christian Suárez (Ind-PS), entregó sus argumentos. En este, manifestó la realidad comparada con Austria. Tras ello, afirmó que las y los adolescentes votan no solo en las elecciones internas con el objetivo de ir preparándolos “en la línea política”.

La comisionada experta, Antonia Rivas (CS), lo respaldó. “El fundamento tendría que ver con empezar a garantizar y fomentar en los niños y niñas algo tan importante como es la participación ciudadana y educación cívica”, manifestó.

Respecto al voto voluntario para mayores de 16 años, la consejera Gloria Hutt (Evopoli) trajo a colación a los países de Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador y Nicaragua. En ese sentido, expresó que “ninguno de esos casos ha implicado una mejor democracia”.

Por su parte, Patricia Spoerer (Partido Republicano) comentó que “primero hay que enfocarse en enseñar y después, más adelante, cuando tengamos resulto ese tema, deberíamos quizás ver la posibilidad de que alguien a los 16 años pudiese votar, porque si no sería irresponsable. En todo caso, creo que hay muchas otras maneras de participar que no tienen por qué ser en un voto”.

Su símil, Jorge De la Maza (Partido Republicano) también abordó el tema en debate. “Creo que un menor de 18 años, inclusive menor de 21 años, vota con la guata y no vota con la cabeza”, expresó.

Por otra parte, el consejero Alihuen Antileo se refirió al tema, dando como ejemplo el pueblo mapuche. “En el caso del pueblo mapuche, la participación de jóvenes y adolescentes en los asuntos públicos es algo que comienza a muy temprana edad, a partir, en general, de los 13 o 14 años, y el criterio que se establece para la participación en los asuntos públicos, comunitarios y asociativos, es el interés”, expresó.

Eliminación del concepto “referendos”

En el transcurso, otro debate se generó en torno a la enmienda –del partido Republicano– que elimina el concepto “referendos” del artículo 39, inciso 1. 

Actualmente, el artículo señala que “las personas tienen derecho a participar en los asuntos de interés público, mediante la elección de representantes, referendos y plebiscitos que la Constitución establece y a través de los mecanismos de participación, en conformidad con ella y la ley”.

En este sentido, el consejero constitucional, Jorge De la Maza (Partido Republicano), manifestó que el asunto “no es un tema que este escrito en piedra”. En esa línea, afirmó que “aquí tenemos la posibilidad de modificar la redacción del articulado o llegar a algún tipo de acuerdo”.

La consejera oficialista, Jessica Bengoa (CS), se refirió a la enmienda, en el marco de preguntarse cuál sería la intención de eliminar el concepto “referendos”.

Así, aseguró que “nuestro país carece de instancias y mecanismos de participación ciudadana. Más allá de lo que la ley ha establecido con las cuentas públicas participativas y otros mecanismos que hablan de un Estado que ha ido avanzando”.

Vale decir que referendos corresponden a ser consultas a la ciudadanía en temas legislativos y/o administrativos. Mientras que un plebiscito responde a ser consultas a la ciudadanía por actos de mayor relevancia.

Financiamiento “público” de las campañas

Más adelante de la sesión, se generó el debate en torno al financiamiento “público” del gasto electoral. Una de las enmiendas propone eliminar la palabra “público”. Dicha –posible– eliminación fue la que dio paso al debate.

Respecto a lo anterior, el comisionado experto Sebastián Soto (Evopoli) explicó que va por la línea “del mandato al legislador para establecer un sistema de financiamiento público, pero nunca como una inconstitucionalidad indirecta del sistema de financiamiento actual”.

Por ello, expuso que “cobra más importancia la indicación que elimina la palabra “público” porque precisamente lo que no queremos hacer es modificar por vía indirecta un sistema que nos puede gustar más o menos, que pueda traer más o menos adhesión, pero que está vigente y que también permite la participación por medio del aporte de personas naturales”.

En tanto, el consejero constitucional Julio Ñanco (RD) también dio su opinión respecto a este punto. Así, manifestó que “teniendo un sistema de financiamiento público podría fortalecer nuestra capacidad de enfrentar fenómenos como la corrupción y generar igualdad de oportunidades”. 

Lo anterior, “no obstante, que exista un límite, no todos tienen la posibilidad de poder acceder a colaboración o aportes. Yo creo que eso genera una desigualdad tremenda para competir y en definitiva, quien llega a los puestos de poder”, explicó.