Ayer, la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos abordó la enmienda presentada por Republicanos que le otorgaría el arresto domiciliario a reos mayores de 75 años. Un tema que fue centro de debates tanto para el oficialismo como para la oposición.

La enmienda republicana busca consagrar que “las personas mayores de setenta y cinco años de edad o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición solo será aplicable en aquellos casos en que la conducta sancionada, no representen un peligro actual para la sociedad.”.

Por su parte, el consejero constitucional, Miguel Rojas (PRep) expresó que la enmienda responde al aspecto humano en cuanto al sistema penal. “El cumplimiento de las penas de personas mayores que padecen enfermedades terminales en cualquier atención digna, humana en el ámbito de la justicia penal”.

El consejero trajo a colación el derecho internacional para abordar la enmienda. En ese sentido, comentó que “respecto de los enfermos terminales, existen recomendaciones de agencias internacionales y de la misma ONU en el manual con necesidades especiales –en su capítulo 7– donde dicta considerar la reclusión domiciliaria o liberación compasiva en estos casos”.

Por su parte, el consejero Yerko Ljubetic (CS) manifestó que “es efectivo, que tanto del punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como del Derecho Internacional Humanitario, se mira con buenos ojos, medidas que beneficien a personas que están en esta condición”.

Sin embargo, aseguró que ambos derechos mencionados, principalmente, el de los derechos humanos, considera excepciones respecto a esta regla humanitaria, las cuales corresponden a los criminales de lesa humanidad.

El nombre de Miguel Krassnoff Martchenko, condenado por delitos de lesa humanidad, volvió a aparecer en la discusión. Esta vez fue mentado por el consejero, Yerko Ljubetic, quien lo expuso como uno de los que, posiblemente, podría optar al arresto domiciliario con esta enmienda.

“Lo coherente sería promover los beneficios para las personas que efectivamente están en esta condición, pero excluir de ello a los criminales de lesa humanidad para ser consistente con las recomendaciones que en materia de derecho internacional y de organismos internacionales se hacen sobre este asunto”, agregó.

Respecto a los privados de libertad que se encuentran en el penal de Punta Peuco, el consejero puntualizó a la falta de colaboración –acerca de los detenidos desaparecidos– y arrepentimiento por parte de los reclusos condenados por delitos de lesa humanidad.

“Estas figuras siniestras allí detenidas, que representan el periodo probablemente más infame de nuestra historia, siguen pensando que son una especie de héroes de una guerra olvidada”, añadió.

En la misma línea, la comisionada experta, Catalina Lagos (PS) se sumó al debate sobre la enmienda y siguió un camino parecido al del consejero Ljubetic, respecto a la crítica de la propuesta republicana.

“La norma no respeta los estándares internacionales porque no considera todas las limitaciones que debiesen considerarse”, mencionó.

Además, dio a conocer que su asesor solicitó por Transparencia ciertos datos respecto a esta materia. De esta forma, según la comisionada, el oficio especificó que al 30 de junio de este año, 236 personas tienen una edad igual o mayor a 75 años (0,7% del total de personas privadas de libertad).

En suma, 70 personas –igual o mayor a 75 años– están condenadas por delitos de carácter sexual, algo que equivale a un 29,7% del total de personas privadas de libertad en ese tramo etario. Tras ello, dio a conocer que un 55,1% corresponde a violadores de derechos humanos.

“Entregar beneficios que impliquen impunidad, es algo que sí atenta contra la seguridad de la sociedad. Queremos hacer una Constitución que sea un pacto social, no solamente de presentes, sino que de futuro, legar a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas un mejor futuro. Una norma como esta, se encamina, justamente, a asegurar la impunidad”, mencionó.

Republicanos no se quedó callado y también salió a referirse a esta enmienda. Uno de los que tomó la palabra fue el comisionado experto, Carlos Frontaura, quien abordó tanto la propuesta como la IPN 6.007, iniciativa propuesta que también busca entregar el beneficio de arresto domiciliario a dichos reclusos –mayores de 75 años–. 

En ese sentido, explicó que ninguna de las dos propuestas “están hablando de reducción de penas, está hablando de un cumplimiento alternativo. Son dos cosas completamente distintas”.

El comisionado no se mostró partidario de los comentarios que entregó la comisionada Lagos y mencionó que sería un exceso decir que habría impunidad. “No la va a cumplir en el lugar de la cárcel, sino en su domicilio. Eso no es una reducción de pena, no es impunidad”, señaló. 

Otro de los consejeros que intervino fue el republicano, Luis Silva, quien se refirió “al discurso de quienes invocan razones humanitarias para negárselas a ciertos seres humanos. Eso a mí, simplemente en buena lógica, no me calza, es decir, si son razones humanitarias no pueden excluir a ningún ser humano”.

Asimismo, el consejero, aseguró que su objetivo no es proponer que las personas, que se consideren un peligro para la sociedad, gocen de este beneficio, sino que su enmienda apunta a que dichas personas fallezcan en su casa y no en el recinto penal.

Desde el sector oficialista, otro de los consejeros que se sumó al debate fue Fernando Viveros (PC). “No podemos negarle al país lo que ocurrió. Con todas las observaciones que pueda haber de un lado o de otro, aquí sí hay criminales respecto a crímenes de lesa humanidad. La única observación que estamos haciendo es que no exista negacionismo, que se reconozca y se haga la diferencia”, afirmó.

En tanto, el comisionado experto, Alexis Cortes (PC) comentó que no existe intención de pasar a llevar la dignidad ni violar los derechos humanos de las personas.

Tras ello, el comisionado, indicó que “personas así que han cometido los crímenes más horrendos, no contra nosotros ni los familiares de las víctimas, sino que contra toda la humanidad, no pueden ser contemplados con este tipo de beneficio, y espero que si la pretención es beneficiar a otras personas que han cometido delitos comunes, esto quede claramente expresado en la norma”.