El SIDH, formado por tratados e instituciones regionales de derechos humanos, ha desempeñado un papel crucial en la promoción y protección de los derechos reproductivos de la mujer en todo el continente americano. El sistema defiende los principios de no discriminación, autonomía, privacidad y dignidad, reconociendo que las decisiones reproductivas son profundamente personales y deben ser respetadas por el Estado y la sociedad, tal como fue establecido en el Caso I.V. vs. Bolivia (2016, párr. 115)     . A través de sus diversos mecanismos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema ha subrayado sistemáticamente la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva seguros y legales.

La sentencia española refleja una tendencia más amplia hacia el reconocimiento de los derechos reproductivos, que ya se viene poniendo en práctica cada vez más en América Latina y el Caribe. Históricamente, esta región se ha caracterizado por leyes restrictivas sobre el aborto (de manera tal que es absolutamente prohibido en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Otros países incorporan excepciones por distintas causas y es legal en Colombia, Argentina, México, Uruguay, Cuba, Guyana y Puerto Rico), un acceso limitado a la atención de la salud reproductiva, lo que a menudo ha dado lugar a violaciones de los derechos de la mujer y a una alta prevalencia de abortos inseguros. Sin embargo, desde 1960 junto con la Segunda Ola Feminista, se ha producido un creciente movimiento que exige, entre otras cosas, la despenalización del aborto y el reconocimiento de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos.

En particular, el derecho de las personas a elegir sobre sus opciones, en materia de salud reproductiva, se ve frecuentemente vulnerado por las autoridades médicas. En este sentido, los Estados deben observar los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que ha señalado que las mujeres tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos y los medios para concebirlos, incluida la elección del método de parto. Este principio abarca el reconocimiento de la capacidad de decisión de la mujer, su integridad corporal y el rechazo de cualquier forma de coacción o de procedimientos médicos forzados. Todos los aspectos anteriores, en concordancia con una perspectiva interseccional, es decir, tomando en cuenta el contexto y características especiales que ponen en mayor vulnerabilidad a la persona gestante.

En otro caso emblemático, la Corte IDH también estableció que los servicios de salud deben practicarse bajo perspectivas interseccionales, entendiendo que puede existir un mayor riesgo para las mujeres, ya no solo debido a su género, sino también a otros factores como la asignación social y cultural. En este mismo caso, la Corte IDH tomó lo señalado por el Comité contra la Tortura, el que ha reconocido que, entre las situaciones en que la mujer corre riesgo de ser sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, se encuentra el tratamiento médico, particularmente en el caso de las decisiones relacionadas con la reproducción.