El pleno del Consejo Constitucional en la sesión de este sábado en la tarde, votó las primeras iniciativas relativas al Capítulo IV: Congreso Nacional, en lo referido a su composición, funcionamiento y atribuciones.

De esta manera, el texto refrendado señala que el Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado.

La primera estará integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales plurinominales. En cada uno de estos distritos se elegirán entre dos y seis escaños de acuerdo a un sistema previamente establecido por la ley electoral –norma aprobada por 32 votos a favor y 17 en contra, y que reduce lo establecido actualmente que fija entre 3 a 8 escaños por distrito.

El Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) deberá actualizar, cada diez años, la asignación de los escaños de diputados (as) entre los distritos establecidos. Además, durarán 4 años en el cargo, pudiendo ser reelectos sucesivamente hasta por dos períodos.

El Senado, en tanto, se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción. Asimismo, durarán ocho años en su cargo, se renovarán por mitades cada cuatro años y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un período.

En este punto, la derecha se manifestó a favor de la reducción de los escaños; criticó, además el actual sistema electoral, el número de parlamentarios y se refirieron «al desprestigio que tiene la clase política». Argumentaron que la reducción de parlamentarios no se puede dejar en manos de los propios «incumbentes».

En esa línea, la consejera Beatriz Hevia (PRep) sostuvo que no se trata de hacer trajes a la medida.

Desde el bloque Unidad para Chile se sostuvo que reducir el número de parlamentarios «es un debilitamiento de la representación». Sobre el punto, el consejero Alejandro Köhler (Indep-PS) alertó sobre el error de omitir en la definición del sistema electoral que este sea proporcional.

Asimismo, este sector lamentó la no inclusión de escaños para los pueblos indígenas en los distintos cargos de elección popular. Sólo se aprobó que «la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional».

A su vez, y en otra de las materias que Unidad para Chile defendió en el Consejo, la consejera Paloma Zúñiga (RD) hizo un llamado a aprobar la enmienda que buscaba establecer un mecanismo para asegurar la composición paritaria del Congreso Nacional; la que finalmente fue rechazada por 18 votos a favor (incluido el de la consejera Gloria Hutt de Evópoli), 26 en contra y 5 abstenciones.

Desde la bancada republicana, por el contrario, la consejera Ninoska Payauna defendió que la presencia de mujeres en estos espacios es fruto de sus méritos y no de cuotas preestablecidas.

Umbral

El Consejo aprobó, por 32 votos a favor y 17 en contra, que «sólo los partidos políticos que alcancen, al menos, el cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados respectiva, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara».

Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente electos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección.

Sobre esta medida se argumentó a favor que esto permite reducir la fragmentación y se «raya la cancha a los políticos», así lo expuso el consejero Arturo Phillips (UDI).

En tanto, la consejera Jessica Bengoa (CS) también consideró que la fragmentación es dañina para la democracia, que Chile tiene una tradición de democracia representativa y la ciudadanía merece decidir sobre temas relevantes para el país.

El Consejo también respaldó afirmativamente que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados la potestad fiscalizadora y la creación de comisiones investigadoras. Además, declarar «si han o no lugar las acusaciones que se formulen” en contra del Presidente de la República, los ministros de Estado, magistrados de los tribunales superiores de justicia; del Contralor General de la República, generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, gobernadores regionales y los representantes del Presidente de la República en las regiones y provincias, así como de la autoridad que ejerza el gobierno en los territorios especiales.

En todos los casos se requerirá el voto favorable de la mayoría de los diputados en ejercicio para declarar ha lugar la acusación. Esta norma fue aprobada por 32 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.

En cambio, son atribuciones exclusivas del Senado conocer de las acusaciones entabladas por la Cámara de Diputadas y Diputados, otorgar la rehabilitación de la ciudadanía y “decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de este en el desempeño de su cargo”.

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