Después del receso por fiestas patrias, el pleno del Consejo Constitucional reanudó el proceso de deliberación y votación de las enmiendas. En esta oportunidad, se despachó el capítulo sobre los derechos y libertades fundamentales del borrador de Constitución.  

¿Qué artículos se aprobaron esta semana?  

En una sesión del pleno del Consejo Constitucional, se sometieron a votación los artículos y enmiendas relacionados con la segunda parte del Capítulo II: Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, específicamente los numerales del 11 al 19.  

Uno de los puntos más debatidos fue la aprobación de una norma que eleva la objeción de conciencia a un derecho fundamental, otorgándole un estatus no excepcional. El artículo 16, inciso 13, establece el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluyendo la objeción de conciencia individual e institucional como parte de este derecho. Esto fue aprobado con 31 votos a favor y 19 en contra, generando discusión sobre su impacto en el Estado de Derecho.  

Además, se aprobó el derecho a vivir en un entorno seguro (numeral 19 bis) con 33 votos a favor, que establece la obligación del Estado de garantizar una protección efectiva contra la delincuencia, especialmente el terrorismo y la violencia criminal organizada.  

Otras disposiciones aprobadas incluyen el derecho a la libertad de expresión, información y opinión sin censura previa, así como la prohibición de asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado, y restricciones sobre la participación de personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en partidos políticos y organizaciones sindicales. 

La sesión del día jueves 24 de septiembre estuvo centrada en los derechos y libertades fundamentales, se aprobaron varias propuestas relacionadas con temas clave como salud, educación, libertad de enseñanza, seguridad social y derechos laborales. 

En cuanto a la protección de la salud, se aprobó que el Estado debe garantizar la ejecución de acciones de salud para todas las personas a través de instituciones estatales y privadas. Además, se reconoció el derecho de cada persona a elegir entre el sistema de salud estatal o privado. Se estableció un plan de salud universal sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica.  

En el ámbito de la educación, se respaldó el derecho de los padres o tutores legales a elegir el tipo de educación y el establecimiento de enseñanza de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas. La educación básica y media se considera obligatoria, y el Estado debe garantizar el financiamiento por estudiante para asegurar el acceso para toda la población. 

En materia de libertad de enseñanza, se estableció que la enseñanza estatal y oficialmente reconocida no puede promover ninguna tendencia político partidista. Además, se aseguró el financiamiento de la educación de personas con necesidades educativas especiales. 

Mientras, sobre la seguridad social, se garantizó el acceso a prestaciones básicas y uniformes a través de instituciones públicas y privadas. Cada persona tiene propiedad sobre sus cotizaciones previsionales y el derecho a elegir la institución que las administre e invierta.  

En torno al ámbito laboral, se definió el derecho al trabajo decente, que incluye condiciones laborales equitativas, seguridad y salud en el trabajo, una retribución justa y el derecho al descanso y la desconexión digital. Se prohíbe la discriminación arbitraria en la retribución por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres. 

Para finalizar se habló sobre el sindicalismo y se reconoció el derecho a la sindicalización y a la huelga dentro del marco de la negociación colectiva. También se establecieron disposiciones sobre la participación de funcionarios públicos en huelgas y la sindicalización de los trabajadores.  

También, durante esta semana, se aprobaron cambios importantes en una sesión del Consejo Constitucional. Se destacan la exención de contribuciones y el derecho al acceso al agua. También se aprobó el derecho a la vivienda adecuada, pero se generó controversia debido a una exención tributaria para propietarios de viviendas principales.  

La bancada republicana impulsó la exención de contribuciones para proteger a las familias de clase media de posibles remates de sus casas. Sin embargo, hubo desacuerdo, ya que algunos argumentaron que la mayoría ya estaba exenta de este impuesto y que la medida beneficiaría a los más ricos.  

Se aprobó el derecho al acceso al agua y saneamiento, aunque hubo disputas sobre la redacción y su alcance. También se discutió el derecho de propiedad en relación con las aguas, y se criticó la institucionalidad vigente, especialmente debido a la sequía. 

La consejera Ivon Guerra (UDI) defendió la importancia de los derechos de aprovechamiento de aguas en las zonas rurales y cuestionó la institucionalidad actual. 

Finalmente, se rechazó la concesión de bienes nacionales de uso público y se tomaron decisiones sobre otros derechos, como la igualdad en la distribución de tributos, el derecho a la actividad económica, la prohibición de discriminación arbitraria por parte del Estado y la libertad para adquirir bienes.  

Por otra parte, se debatieron temas relacionados con la nacionalidad, ciudadanía y medidas para garantizar los derechos sociales. Esta discusión se enmarcó en el Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales. 

Durante la sesión, se votaron los artículos del 17 al 29 bis, y se aprobaron varios puntos. Uno de ellos establece que los nacidos en Chile son considerados chilenos, con algunas excepciones, como los hijos de extranjeros en servicio de sus gobiernos y los hijos de extranjeros transeúntes, quienes tienen la opción de optar por la nacionalidad chilena. 

En el texto aprobado se reforzó que la nacionalidad chilena se puede perder por renuncia voluntaria ante autoridad competente, por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior en contra de Chile o sus aliados, y por cancelación de la carta de nacionalización. 

 Además, se estableció que son ciudadanos los chilenos que cumplen 18 años y no han sido condenados a pena aflictiva. Estos ciudadanos tienen derecho al sufragio y pueden optar a cargos de elección popular de acuerdo con lo que establece la Constitución y la ley. 

Se aprobó por 36 votos a favor, 13 en contra y una abstención que la calidad de ciudadano se puede perder por diversas razones, incluyendo la condena por delitos considerados como conducta terrorista, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas. Además, se estableció que se pierde la calidad de ciudadano por delitos cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones que merezcan pena aflictiva. Esta medida fue destacada como un avance y una innovación para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones por la consejera Carmen Montoya (PRep). 

Se aprobaron cambios en la Constitución relacionados con la ciudadanía y derechos sociales. Se definió cómo se obtiene y se pierde la ciudadanía, se garantizaron derechos como salud y vivienda, y se estableció que las medidas para cumplirlos serán definidas por la ley. También se permitió a las personas recurrir a la Corte de Apelaciones si se ven afectadas en sus derechos sociales debido a actos ilegales. 

La consejera Kinturay Melin (RD) enfatizó que los tribunales deben examinar minuciosamente cada caso, especialmente cuando se trata de garantizar los derechos sociales de los chilenos, especialmente los más vulnerables. 

En otras materias, en una sesión del Pleno del Consejo Constitucional, se debatieron y votaron diez artículos relacionados con derechos y deberes constitucionales. 

Uno de los momentos destacados fue la aprobación unánime y entre aplausos del derecho a la cultura, que se incorporó por primera vez a nivel constitucional. El artículo establece que «el Estado resguarda el derecho a participar en la vida cultural y científica» y fomentará la actividad cultural mediante distintos mecanismos de financiamiento, garantizando la pluralidad de visiones. Esto fue celebrado por el consejero Miguel Littin (PS) como un anhelo de los artistas chilenos.  

También se aprobaron normas relacionadas con los estados de excepción, como el estado de asamblea, sitio, catástrofe y emergencia. Estos estados solo pueden ser invocados en situaciones de guerra externa o interna, grave conmoción interior, emergencia y calamidad pública. La solicitud de renovación de estos estados será informada por una Comisión Bicameral compuesta por diputados y senadores. 

Hubo debate sobre la inclusión de la «grave amenaza terrorista» como motivo para invocar el estado de sitio. Desde la bancada republicana se justificó esta enmienda debido a la situación en La Araucanía. Sin embargo, desde Unidad para Chile se criticó esta causal como vaga y amplia. Finalmente, el artículo fue rechazado por acuerdo entre las bancadas y será ubicado en otro capítulo. 

Además, se aprobaron deberes constitucionales, como la protección del medio ambiente, el cuidado de la familia, la promoción de la protección de los animales y la participación de las personas con discapacidad.