Si bien la seguridad es un valor que debe guiar la conducta de los servicios públicos, ello por sí solo no es suficiente para condenar al Estado como consecuencia de una lesión sufrida por un pasajero si el ferrocarril fue transferido en sub-concesión a un privado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, revocó el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que condenó al Estado Nacional a indemnizar los daños y perjuicios sufridos por el actor, como consecuencia de una lesión provocada por el impacto de una piedra arrojada desde el exterior de una formación ferroviaria mientras viajaba como pasajero.

El Estado Nacional alegó que el tribunal no ponderó correctamente los alcances del Contrato de Concesión de los Servicios Interurbanos de Pasajeros entre la Provincia de Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto 1168/92 que permitió a la Provincia de Tucumán subcontratar y convertir los ferrocarriles en operador del servicio, deslindando expresamente de responsabilidades al Estado Nacional, según el artículo 9°, que consagra la exclusiva responsabilidad de la empresa transportista por los incumplimientos a su cargo, por lo que la sentencia carece de fundamentación suficiente, pues al momento del siniestro, era la empresa concesionaria la que operaba el servicio bajo su costo y riesgo

Al respecto, la Corte Suprema refiere que, “(…) el tribunal resolvió, por mayoría, responsabilizar al Estado Nacional, por su carácter de propietario de la cosa en los términos de los arts. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, 184 del Código de Comercio y 42 de la ley 24.240, y en el deber de seguridad, sin embargo, independientemente del criterio que se pudiera adoptar en torno del planteo sub examine, esto es, si debía ser encuadrado en la teoría del riesgo o en la responsabilidad extracontractual del Estado por actividad ilícita, lo cierto es que resultaba necesario acreditar en ambos casos la concurrencia de los presupuestos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para que aquélla resulte procedente, recaudos que operan en los supuestos de responsabilidad del Estado.”