El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo provisional para adoptar una legislación orientada a mejorar las condiciones laborales de aquellos que desempeñan funciones en plataformas digitales. El propósito de la Directiva sobre el Trabajo en Plataformas es asegurar la adecuada clasificación de la relación laboral de los individuos que realizan labores en estas plataformas, al mismo tiempo que establece las primeras normativas de la Unión Europea sobre el uso de inteligencia artificial y gestión algorítmica en entornos laborales.
En la actualidad, al menos 5.5 millones de personas que se desempeñan en plataformas pueden ser mal clasificadas como trabajadores autónomos, lo que se conoce como «falso trabajo autónomo», resultando en la pérdida de derechos laborales y de seguridad social significativos.
Las nuevas disposiciones introducen la presunción de una relación laboral, activándose cuando dos de los cinco indicadores de control o dirección de una lista específica están presentes. Esta lista puede ser ampliada por los estados miembros. La presunción puede ser invocada por el trabajador, sus representantes o las autoridades competentes. Sin embargo, puede ser refutada por la plataforma si demuestra que la relación contractual no constituye un vínculo laboral.
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En cuanto a la transparencia, actualmente, los trabajadores de plataformas no tienen acceso a información sobre el funcionamiento de los algoritmos y cómo su comportamiento influye en las decisiones tomadas por sistemas automatizados. Con las nuevas reglas, las plataformas deberán proporcionar esta información a los trabajadores y a sus representantes.
Además, se prohíbe a las plataformas tomar decisiones importantes, como despidos o suspensiones de cuentas, sin la supervisión humana correspondiente. Las plataformas también deben evaluar el impacto de las decisiones tomadas o respaldadas por sistemas automatizados en condiciones laborales, salud, seguridad y derechos fundamentales.
En relación con los datos personales, las nuevas reglas prohíben a las plataformas procesar ciertos tipos de datos, como creencias personales o intercambios privados, y establecen normas más protectoras en el ámbito de la protección de datos para el trabajo en plataformas.
Finalmente, se prohíbe a las plataformas eludir las normas mediante el uso de intermediarios. Los estados miembros deben garantizar que aquellos que trabajan a través de intermediarios gocen del mismo nivel de protección que aquellos con una relación contractual directa con la plataforma digital correspondiente.
Vea texto informativo del proyecto de ley.