La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados a tomar medidas para garantizar los derechos políticos de las personas trans y de género no binario mediante acciones concretas para proteger su voto en condiciones de igualdad; promover oportunidades de acceso a cargos públicos o de elección popular; fomentar su participación en asuntos públicos; prevenir la violencia política en su contra; y garantizar su permanencia en los cargos que ejercen.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales consagran los principios básicos de la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación. Sobre esa base, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han adoptado interpretaciones evolutivas que garantizan el reconocimiento del derecho a la identidad y/o expresión de género.
Distintos Estados en la región han avanzado en el reconocimiento pleno de la identidad de género de las personas trans, permitiendo la autodeterminación en la adecuación de documentos de identidad sin requisitos patologizantes, y comprendiendo el reconocimiento de identidades no-binarias en documentos oficiales. Estas medidas facilitan su acceso a diversos derechos humanos y reconocen su dignidad humana.
En materia del acceso a derechos políticos existen también importantes esfuerzos. Por ejemplo, protocolos de organismos electorales para la atención adecuada a personas trans que acuden a votar; entrenamientos al personal de las mesas receptoras, así como la posibilidad de inscripción de votantes conforme su identidad de género, aun cuando sus documentos públicos estén pendientes de adecuación. En los últimos años, se ha incrementado sustancialmente el número de personas trans que se presentan como candidatas y son electas a cargos públicos.
No obstante, persisten desafíos significativos para la plena participación política de las personas trans. En primer lugar, la falta de mecanismos adecuados para el reconocimiento de la identidad de género en documentos de identificación resulta en obstáculos diferenciados y discriminación con base en su identidad y expresión de género. Por ejemplo, las personas trans pueden verse obstaculizadas a ejercer el sufragio si sus documentos de identidad no concuerdan con sus identidades y expresiones de género. Asimismo, al postularse a cargos de elección popular, en muchos contextos se ven obligadas a hacerlo bajo nombres que no les identifican.
Por otro lado, se ha observado con preocupación que aquellas personas trans que ostentan cargos de la función pública sufren violencia política, agravada por sus identidades y expresiones de género, incluso dentro de los órganos parlamentarios o instituciones públicas.
La CIDH también ha tomado conocimiento de asesinatos y otros hechos de violencia contra personas trans y no binarias con liderazgos políticos. Asimismo, durante los procesos electorales, organizaciones de la sociedad civil han denunciado aumento de violencia basada en prejuicios que afecta desproporcionadamente a las personas trans y no binarias, y la proliferación de discursos de odio contra estas personas.
La Comisión hace un llamado a los Estados a implementar y avanzar en políticas públicas que atiendan los efectos concretos de la exclusión histórica que padecen las personas trans y que les ha alejado de la participación en asuntos públicos. El primer paso, esencial para el ejercicio de todos los derechos, es el reconocimiento de la identidad de género. En ese sentido, los Estados deben garantizar la adecuación de documentos de identidad y el reconocimiento de la identidad de género, y tomar medidas concretas para reducir las brechas de participación en procesos electorales.
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Los Estados están obligados a prevenir y sancionar la violencia contra las personas trans, y los discursos estigmatizantes en su contra. En contextos electorales, deben garantizar su vida e integridad, amenazadas por contextos de violencia estructural. Las personas trans que ejercen cargos públicos deben contar con las medidas de seguridad necesarias que permitan su libre desarrollo e incidencia en espacios de decisión. Es imperativo implementar mecanismos de denuncia e investigación efectiva frente a la violencia política.
La CIDH expresa su disposición de trabajar junto con los Estados y la sociedad civil para la promoción y garantía de los derechos humanos de las personas trans, no binarias y de género diverso.