La iniciativa, patrocinada por la senadora Paulina Vodanovic, modifica la Ley de Tránsito con el fin de exigir que los concesionarios o dueños de estaciones de servicio de carga de combustible implementen un sistema de registro de la patente de las motocicletas que compran gasolina y de la licencia de quien la conduce.
La autora de la moción sostiene que, el uso de motocicletas como medio de comisión de delitos contra la propiedad y contra la vida e integridad física es un modus operandi delictual que se ha extendido en Latinoamérica durante los últimos años, resultando particularmente grave la situación de México y Colombia.
Afirma que, en Chile la situación no es distinta, ya que un estudio del Centro de Análisis Criminal (CENACRIM) de la Policía de Investigaciones del año 2022 dio cuenta que la PDI había investigado 564 robos en modalidad de “motochorro” (robo por sorpresa o intimidación por parte de una persona que conduce una motocicleta) ocurridos durante 2021 en la Región Metropolitana, destacando que “los delitos donde se utiliza la violencia o intimidación presentan una mayor frecuencia hacia sectores más residenciales y, de preferencia el área centro sur de la capital, ello, a diferencia de lo que ocurre con los robos por sorpresa concentrados en el sector centro oriente de Santiago”.
Refiere que, dado el bajo costo relativo de la motocicleta como medio de transporte y la proliferación de aplicaciones tecnológicas que promueven servicio de delivery de todo tipo de bienes que es ejecutada por conductores de este tipo de vehículos, el número de permisos de circulación otorgados para motocicletas alcanzó la cifra de 248.957 permisos el año 2022, consolidando una tendencia sostenida al alza desde el año 2020.
Asegura que, las dimensiones de este parque vehicular hacen difícil que se ejerza una fiscalización exhaustiva por la policía preventiva, es decir, por Carabineros de Chile. Por este motivo, se debe recurrir a métodos distintos al control y supervigilancia policial directa, valiéndose de otras instituciones o incluso de particulares para disminuir los riesgos asociados a la comisión de delitos o prevenir las condiciones mismas que los propician. Esta aproximación es conocida, en la literatura especializada como “third party policing” haciendo referencia a la utilización de las potestades de otros organismos públicos o incluso la influencia de empresas como coadyuvantes a la función del control del delito.
En función de lo anterior, propone una modificación a la ley del tránsito para que los concesionarios o dueños de estaciones de servicio de carga de combustible implementen sistemas de registro de la patente de las motocicletas que compran gasolina y de la licencia de quien la conduce. De esta manera, a través de las estaciones de servicio, se mantendrá un registro de las cargas de combustible de motocicletas de suma utilidad para fines de investigación policial y, a la vez, esta obligación de registro será un desincentivo para el uso de este vehículo como medio de comisión de delitos.
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De allí que propone agregar un nuevo inciso tercero del artículo 200 bis de la Ley N° 18.290 de Tránsito, referido a las infracciones o contravenciones, del siguiente tenor:
“Los concesionarios o dueños de estaciones de servicio deberán implementar uno o más sistemas que permitan el registro fidedigno de las placas patentes de las motocicletas y de la licencia de los conductores a quienes se les vende o que realizan la carga de combustible en dichos vehículos, debiendo mantener dichos registros por, al menos, 90 días a disposición de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.”
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.
Vea texto de la moción Boletín N° 16.771-15 y siga su tramitación aquí.
El proyecto, se encuentra bastante cerca del llamado fascismo.
Iniciativas como estas, las cuales claramente se convertirán en ley, debido a la necesidad imperante resguardo y seguridad pública, implican abrir las puertas futuros proyectos, luego, se agregaran que no podrán cargar combustibles los deudores de pensiones de alimentos, luego los empleadores, hasta llegar a quienes deban impuestos, todo aquello, a fin de resguardar el bien común, aunque es claro, solo resguardaran su patrimonio la clase política y la posibilidad de hacer caridad con dineros públicos.