Colusión y empresa: el camino del ius puniendi económico en Chile.

El derecho administrativo sancionador, en el ámbito del DL 211 que fija normas para la defensa de la libre competencia, paulatinamente se ha ido posicionado en el control del abuso económico, que los agentes del mercado representan respecto de competidores y consumidores, al infringir las disposiciones del citado cuerpo normativo.

De esta manera, en los últimos años la colusión ha provocado diversas reacciones en la institucionalidad[1], permitiendo la persecución y sanción de los denominados “carteles duros”, mediante un esfuerzo compartido entre la Fiscalía Nacional Económica (en adelante FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en adelante TDLC)[2]. Lo anterior ha quedado en evidencia, a partir de casos tan paradigmáticos como el de las farmacias, el papel higiénico, el caso pollos, entre otros. Sin embargo, a pesar de los significativos avances, dada la repetición de hechos delictivos de esta naturaleza, actualmente el ius puniendi del Estado se ha incrementado adjetiva y sustantivamente, extendiéndose al “último tramo” de cobertura, esto es, a las personas jurídicas, demostrando con ello una intensidad no exenta de cuestionamientos.

Haciendo un poco de historia, valga recordar que la colusión como figura ilícita ha transitado entre lo administrativo y lo penal. Así, el año 2003, por ley 19.911 se eliminó la sanción de privación de libertad, privilegiándose la sanción administrativa de multa de hasta UTA 20.000, y solo con la reforma del año 2016, mediante la ley 20.945, se restableció la sanción penal, privativa de libertad, al tipificar el delito de colusión, con penas de 3 años y un día a 10 años de presidio, para personas naturales. Ahora bien, la nueva ley de delitos económicos y ambientales, aprobada recientemente por el Congreso, considera a la colusión como un delito económico de primera categoría, haciendo responsable, por primera vez, a la persona jurídica delictiva, conforme a la ley 20.393/2009.