El título de esta columna viene de un libro editado en 1985 y que recoge exposiciones y debate del Seminario “Un Sistema Jurídico-Político Constitucional para Chile” realizado el 27 y 28 de julio de 1984, Santiago, Chile. Es bastante interesante como las reflexiones de ese texto tienen plena vigencia:
“El Seminario marcó un hito en la vida nacional, ya que demostró que entre personeros de todo el abanico del pensamiento político democrático era posible dialogar y encontrar con buena voluntad las bases de una democracia común.
El debate sobre la legitimidad de la Constitución de 1980, pudo por primera vez ser superado, de tal manera que no constituirse en un obstáculo insalvable a un reencuentro pacífico entre los chilenos.
Así fue posible avanzar significativamente en la conceptualización de la democracia que el país requiere, en el análisis de las Constituciones de 1925 y 1980 y, quizás lo más fundamental, en establecer cuál podría ser un camino que permitiera superar la realidad que el país experimenta” (P. 8)
De estas reflexiones, podríamos agregar que la nueva buena Constitución que requiere Chile, la que de verdad sea casa común de todos los chilenos, sin lugar a dudas debe considerar las reflexiones contenidas en la Propuesta de Nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional, la que a pesar de los cuestionamientos a las actuaciones de la misma, contiene elementos que deben ser ponderados.
Los chilenos debemos optar el próximo 4 de septiembre por el texto constitucional que nos permite un mayor encuentro y que sea el puente adecuado para pasar a una Constitución que de verdad nos una a todos. En lo personal, me parece que la opción rechazo ofrece una mejor salida político constitucional para Chile, debido a la que Constitución vigente se puede reformar por 4/7 de los parlamentarios en ejercicio y por una serie de dificultades que plantea la propuesta de la Convención Constitucional.
En lo personal creo que la propuesta de Nueva Constitución no facilita el encuentro de todos los chilenos, debido a lo difícil que se hace su reforma. Por una parte, la propuesta exige 4/7 más referéndum ratificatorio o 2/3 de los parlamentarios en ejercicio (Art. 383 y 384). Por otra parte, mucho se ha debatido sobre la necesidad de consentimiento indígena a la luz del Art. 191 Inciso 2° de la propuesta. En lo personal, me parece que siendo la norma clara, no se puede desatender a su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu, Art. 19 del Código Civil. Sin perjuicio de lo anterior, algo que parece ser menos discutido, es que se requeriría una consulta indígena para reforma la constitución a la luz del Art. 66 de la propuesta, cosa que nunca se ha hecho en Chile desde la vigencia del Convenio 169 de la OIT.
Desde mi punto de vista, uno de los principales puntos problemáticos de la propuesta de Nueva Constitución es la plurinacionalidad, que no es un mero concepto, sino que es parte medular de toda la propuesta, lo que se expresa en sistemas de justicias indígenas (Art. 309), los escaños reservados en cargos de representación (Art. 162) y en una serie de organismos públicos. Otra complejidad, es la constante vulneración de la igualdad ante la ley, ya que siempre se regulan con especial privilegio a distintos grupos, especialmente a los pueblos indígenas, lo que impide que todos los chilenos nos podamos sentir como iguales. El profesor Lautaro Ríos ha explicado brillantemente este punto, señalando que la propuesta se parece bastante a la Constitución de Bolivia.
La propuesta también tiene otro problema relevante, no es un adecuado límite al poder. Un Presidente de la República con mayoría en el Congreso de los Diputadas y Diputados puede hacer prácticamente lo que quiera, dado el quorum de mayoría absoluta para hacer casi todo, y para nombrar a todas las autoridades de control (ahí concurre la Cámara de las Regiones pero con un peso muy disminuido). La Cámara de las Regiones será un poder decorativo, porque tendrá 60 días para despachar un proyecto de ley (Art. 273). Las regiones se merecen una cámara que efectivamente sea contrapeso a la cámara baja que representa la población, tal como ha operado el Senado en nuestra historia institucional. Todo lo anterior sumado al debilitamiento de la Corte Constitucional (actual Tribunal Constitucional), lo que convierte a la propuesta en un absurdo intento de la gente de limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitado, parafraseando al juez Marshall.
La creación de distintos órganos, muchos de ellos con atribuciones, facultades y funciones similares, aumentará la conflictividad. Por ejemplo, en un territorio como Isla de Pascua tendremos actuando simultáneamente una región autónoma, un territorio especial, una comuna autónoma y autonomías territoriales indígenas (Art. 187). Por otra parte, en comunas como Puente Alto y La Pintana, perfectamente se podrían formar autonomías territoriales indígenas.
Otro aspecto problemático, es la constitucionalización de políticas públicas en la propuesta. Este tipo de políticas tienen que ser flexibles, porque las circunstancias van cambiando, y las autoridades que eligen los chilenos democráticamente son electas en función de sus distintas miradas de las políticas públicas. Por ejemplo, el Art. 14 Inciso 3° de la propuesta declara: “Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales”. Lo anterior, contradice toda la política exterior chilena que lleva décadas poniendo su foco en Asia, y como nos podemos desarrollar con acuerdos de libre comercio buscando nuevos mercados para nuestros productos.
Finalmente, la Constitución vigente ha sido recientemente reformada, con la Ley 21.418 del 23 de agosto de 2022, para bajar los quórums de reforma constitucional de 2/3 o 3/5 a 4/7, sin necesidad de consulta o consentimiento indígena. Lo anterior, permite a la Constitución actual ser un adecuado puente para que Chile finalmente tenga una buena Constitución, que una a todos los Chilenos, y que finalmente nuestro país encuentre una salida político constitucional para Chile. (Santiago, 25 de agosto 2022)