La implementación de la nueva ley de delitos económicos no es tarea fácil. Las empresas deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios, pero lo suficientemente rigurosas para implementar un sistema de prevención que cumpla con su propósito. Este desafío, además, presenta una oportunidad invaluable para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo y, con ello, la reputación y la confianza de los stakeholders.