Parte importante del revuelo causado por la ley es por la inversión en las expectativas que ella produce. La ley contiene reglas que pueden llevar a la imposición de penas que sean percibidas como efectivas en casos que ella considera graves. Ese es un resultado evidentemente deseado por un sistema penal: tratar más duramente aquellos hechos que son más graves. Pero su éxito depende de que el mecanismo establecido para graduar los casos permita tratar como graves casos que efectivamente lo sean y tratar de modo más tenue casos que no lo sean.

El objetivo de la ley es sencillo. Conseguir producir efectos de determinación de la pena que sean profundos y ecuánimes, en el sentido de tratar con mayor severidad casos concretamente graves y con menor dureza casos que, en sus circunstancias concretas de perpetración, lo son menos. El sistema chileno, especialmente en el ámbito de los delitos económicos, es un sistema plano al extremo: no hay diferencias en la pena probable atribuible a la realización en circunstancias muy distintas de un mismo tipo. En el caso de los delitos económicos, ese resultado plano está en general prejuzgado: libertad vigilada o remisión condicional. Da lo mismo lo grave que sea el modo de perpetración o el daño producido por el delito.