La sentencia malentendió la legislación sobre datos personales y omitió un hecho fundamental de la causa. La Ley Nº 19.628 reconoce un derecho de cancelación, declara que las políticas de privacidad que lo omiten son inválidas, y no permite limitar el derecho para fines de investigación científica e histórica. Pero esta última fue, precisamente, la causal invocada por la recurrida para retener los datos neuronales del recurrente.