Si bien es indudable que la deuda de alimentos es una de las cuestiones de más alta frecuencia que atentan contra el interés superior de los niños, lo cierto es que admitir limitaciones a la mantención de las relaciones familiares fundado solamente en la existencia de estar en el registro de deudores, puede ser incluso más atentatorio a los fines de protección de derechos a los que está conculcado el Estado.