En una entrevista realizada a un vecino de la Macrozona Sur, el entrevistado concluyó: “Arauco finalmente se arrodilló ante el terrorismo”.

Lo cierto es que quienes se han arrodillado ante el terrorismo han sido los gobernantes de las últimas dos décadas —cuya obligación esencial e irrenunciable y que antecede a todas las demás es la mantención del orden público, sin el cual los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos fundamentales ni desarrollar las diversas actividades o empresas que proyecten con libertad y tranquilidad— en especial los presidentes de la República, quienes son los Jefes de Estado y “cuya autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior” (art. 24 CPR).

Para cumplir con tan esencial obligación y proteger los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional, los gobernantes deben hacer uso de la violencia física legítima del Estado contra quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas; única forma de reprimirlos o de disuadirlos. Respecto de esto último, debe considerarse que la disuasión es esencialmente ofensiva, no defensiva (como lo era la “línea Maginot” en Francia).

La prohibición a los militares y a los carabineros para usar sus armas letales —salvo en legítima defensa, cuando esté en riesgo la vida de personas— los deja en la calidad de meros espectadores, sin capacidad para resguardar exitosamente instalaciones estratégicas, de servicios públicos esenciales o de la infraestructura crítica; de puertos, aeropuertos o torres de alta tensión; ni evitar la destrucción o el incendio de maquinarias o de medios de transporte, de bosques o sementeras, de iglesias patrimoniales u otros monumentos históricos; o los saqueos de supermercados, asaltos a locales comerciales, tomas de residencias particulares u otros graves delitos.

Adolfo Paúl

Abogado