Me resulta preocupante que el gobierno se involucre directamente en el análisis de información, decidiendo sobre qué noticia se considera verdadera y cuál no.

La conformación de la comisión de desinformación, compuesta en su mayoría por representantes de un mismo sector político, incluye a dos representantes de ONG.  Sin embargo, surge la interrogante: ¿Qué representantes son y qué intereses defenderá en el fondo esa ONG? ¿Acaso los mismos de Democracia Viva? Esto representa claramente un atentado contra la libertad de expresión y de prensa.

Como bien mencionó Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, la solución para combatir la desinformación radica en la aprobación de la Ley de Transparencia 2.0. Dicha ley permitiría que la ciudadanía acceda a información relevante de manera eficaz y confiable.

Es lamentable que este proyecto de ley, presentado en 2018, se encuentre aún estancado en el Congreso.

Isidora Vásquez Salcedo