Un país que cuenta con un sistema democrático sólido, donde se reconozcan y garanticen los Derechos Fundamentales, debiese ser un país que promueve también, los medios adecuados para desarrollar diversas herramientas de acceso a la justicia. Una justicia eficiente e igualitaria para cualquier persona que la requiera. El respeto al principio de igualdad y no discriminación en materias de defensa jurídica, es esencial para la instalación de un sistema judicial que tenga como principal objetivo contribuir al desarrollo de una sociedad más confiada en sus instituciones y, por lo tanto, más segura a la hora de dirigirse a ellas. Si cada persona que conforma la sociedad; independiente de su género, lugar de origen, edad o nivel socioeconómico, tiene la posibilidad de acceder a asesoría, patrocinio y una defensa legal que la represente en el debido proceso, esto podría significar que su calidad de vida mejore considerablemente. El concepto de igualdad ante la ley debiese estar siempre garantizado, ya que como en todo principio fundamental, existe el deber de asegurarlo a toda persona. Ha quedado demostrado que quienes utilizan las herramientas que las Clínicas Jurídicas otorgan y posteriormente reciben dicho servicio de manera integral, experimentan un proceso de integración social, que contribuye a disminuir la brecha de desigualdad social que existe no solo en Chile, sino que en todo el mundo.
La clínica jurídica va orientada a un grupo determinado de la población, específicamente brinda asesoría y representación jurídica gratuita a personas pertenecientes a grupos que se les considera con mayor grado de indefensión y vulnerabilidad. La existencia de estos espacios contribuye al desarrollo de un sistema judicial más justo e igualitario; y a la consolidación de un sistema que asegura el respeto por los Derechos Fundamentales inherentes a toda persona.
El hecho de que los estudiantes, en conjunto con sus profesores, entreguen asesoría sin ánimo de lucro, marca una enorme diferencia para aquellas personas que no pueden costear una defensa privada. En Chile, por ejemplo, la brecha de desigualdad en materia salarial, educacional, habitacional, entre otras, es muy amplia. Dada esta circunstancia, es muy usual que las personas que no cuentan con los medios suficientes se vean limitadas a querer iniciar un procedimiento legal, por los costos que eso implica.
Si hablamos de todos los distintos proyectos que son capaces de contribuir a nuestro sistema judicial, estos consultorios de asesoría gratuita se posicionan en el rol protagónico. Efectivamente el principio que asegura a las personas el derecho a una defensa jurídica debe ser promovido por el Estado, al igual que cualquier otro derecho fundamental. Pero evidentemente, las instituciones académicas que cuentan con clínicas jurídicas también cooperan en el amparo de este principio.
La Clínica Jurídica, en un sentido más formal, se define como un método de enseñanza que está basado en analizar casos reales presentados por ciertas personas y brindarles la asesoría correspondiente a dicho caso, con la finalidad de que el estudiante de derecho pueda iniciarse en el mundo profesional, sometido a la supervisión de un profesor especialista.[1] Otro autor la definió como “un espacio de formación para los alumnos, que se pone al servicio de la comunidad”.[2] De esta última definición, el concepto de clínica jurídica posee un doble carácter, ya que no solo se le atribuye el fin único de ser herramienta para los estudiantes favoreciendo únicamente a su formación académica, sino que además se le otorga el carácter de ser un medio que va en ayuda directa de la comunidad, cubriendo en parte, necesidades en las que el Estado no está presente. Pero la pregunta es, las primeras clínicas jurídicas constituidas en el mundo, ¿tenían este mismo objetivo? ¿fueron creadas con esta doble finalidad?
Si nos remontamos al origen de las clínicas jurídicas, podemos decir que al finalizar el siglo XIX e iniciar el siglo XX, en Estados Unidos se constituyeron estas especies de “consultorios” jurídicos, en la cual reconocidos profesores de Derecho realizaban módulos de docencia práctica en los que involucraban a sus estudiantes a que, junto a su observación, brindaran asesoría de forma gratuita en dichos consultorios.[3] Si bien, es probable que desde un inicio, la idea original era más que nada desarrollar las asignaturas de una forma más didáctica y práctica para que los alumnos pudiesen tener una retroalimentación beneficiosa para su futuro ejercicio profesional; resultó ser que con el pasar de los años, se percataron que las facultades de derecho que brindaban estos espacios de consultoría, también estaban realizando una labor social crucial, y por lo tanto, a partir de ese momento, se debía poner especial consideración en el hecho de “humanizar la profesión del abogado”, concientizando a los alumnos de que existen grupos vulnerables, y que para ellos los espacios de asesoría gratuita les son muy necesarios. Desde ahí surge entonces, la necesidad de que todo aquel que tenga los conocimientos, es responsable habilitar más espacios como esos.
Con el tiempo, ha quedado en evidencia que la existencia de las clínicas jurídicas en el mundo, efectivamente tienen un doble carácter. Otorgan las herramientas necesarias a los estudiantes de derecho para que puedan externalizar los conocimientos aprendidos en situaciones reales y, además, asisten directamente a personas que se encuentran en algún en una posición de indefensión. Sus universidades y entidades a cargo han tomado un rol académico y un rol social, brindando espacios óptimos para que cualquier persona interesada y que se encuentre con la necesidad de acudir a una asesoría, pueda hacerlo libremente.
Existe una infinidad de autores que postulan que, en base a lo que han podido ver en diferentes partes del mundo, esta idea definir a la clínica jurídica como una “herramienta de acceso a la justicia” que posee un compromiso social es completamente acertada. Incluso, así lo han afirmado diversas instituciones de carácter internacional. La red Europea de Educación Jurídica Clínica, considera dentro de sus principales objetivos, la promoción de la justicia social; y el reconocimiento y respeto por los derechos fundamentales, como un valor que debiese estar siempre presente con el abogado, a lo largo de toda su carrera profesional.[4] Un ejemplo de eso, serían las clínicas jurídicas que tienen la capacidad de promover la justicia, no solo en materia de un justo proceso, sino que en un concepto más amplio, capaz de cambiar y mejorar la situación personal de los que recurren a ella, colaborando con la construcción de un sistema judicial sólido y eficiente.
Sin embargo, pese a que la clínica jurídica está orientada a brindar asistencia a personas que generalmente han sido marginadas de ciertos espacios, lo cierto es que esas situaciones de discriminación no han sido erradicadas del todo. Si hablamos en materia económica, y en el caso particular de Chile, la brecha salarial es tan grande, que es considerado como un problema estructural, siendo aún muy complejo erradicar la línea de la pobreza. Un estudio reciente, realizado por la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), indicó que el sueldo de aproximadamente el 50% de los chilenos no supera los $503.000[5]; esto sin contar a quienes cuentan con un empleo informal y menos, al alto porcentaje de cesantía, que este año aumentó al 8.8% según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).[6] A consecuencia de esto, todavía existe un gran porcentaje de personas que acreditan tener un nivel socioeconómico bajo, y por lo tanto, su única opción es acudir a una asesoría gratuita.
Ahora bien, es importante tener presente que la situación de vulnerabilidad[7] de una persona no se mide solo con el nivel socioeconómico. Como vimos en clases, existen otros factores que las posicionan en un grado de indefensión: las personas privadas de libertad; mujeres víctimas de violencia; niños, niñas y adolescentes; adultos mayores; personas en situación de discapacidad; migrantes; indígenas; población LGTBIQA+ y disidencias sexuales. Quienes pertenecen a alguno de estos grupos cuentan con esta garantía de poder ser atendidos en los consultorios gratuitos. Es muy probable que estas personas hayan tenido que convivir más de una vez con la marginación no solo del sistema social, sino que también jurídico. Desde ahí se desprende la responsabilidad social de las instituciones de otorgarles atención preferencial que les garantice el poder dar exigibilidad a sus derechos en toda instancia jurídica a la que acudan.[8]
Si nos centramos en el caso de las mujeres para determinar la razón del porqué se les considera como persona en situación de vulnerabilidad, la respuesta es clara. Sistemática e históricamente, la mujer ha sido segregada de los diversos espacios que componen la sociedad. Hoy en día, son muchas las que aún cargan con la discriminación en diferentes contextos de la vida cotidiana (educacional, político, laboral, cultural e incluso familiar). Es interesante plantear ¿qué es lo que pasa con la mujer y el acceso a la justicia? Según una columna de la Ministra encargada de los asuntos de género de la Corte Suprema , Andrea Muñoz Sánchez, declaró que “Las mujeres tienen mayores barreras para acceder a la justicia”.[9] Si lo llevamos a la realidad, situaciones como: que una mujer no tenga independencia económica, o que sea víctima de violencia intrafamiliar, o que se ocupe completamente sola de la crianza de un hijo, se desprenden de que socialmente se sigue normalizando ese sesgo de género y que por supuesto les genera una situación de desprotección y de desventaja frente al resto. No es coincidencia que sean mujeres las que suelen acudir más a estos espacios de asesoría legal gratuita.
Pareciera ser que, en la actualidad, las clínicas jurídicas se han consolidado como una alternativa sustancial en cuanto al elemento jurídico-social. Se han realizado varias investigaciones que revelan lo siguiente: las clínicas jurídicas gozan de gran aceptación y actualmente son de interés público en varios países latinoamericanos, ya que contribuyen al reconocimiento y respeto por los derechos humanos y la justicia social.[10] De este reconocimiento y aceptación social, es que se consolidan de forma efectiva, consultorios gratuitos, pertenecientes a instituciones académicas de carácter público y privado en todo el mundo. El trabajo desarrollado en estos espacios trasciende a la comunidad toda y beneficia a quienes han tenido que crecer en ambientes con alta vulnerabilidad, bajo violencia continua, niños en total desprotección, adultos mayores en completo abandono, personas en situación de discapacidad que no cuentan con espacios acondicionados para que puedan desarrollar sus actividades diarias, mujeres encargadas del cuidado total de sus hijos sin siquiera el apoyo económico del padre del niño, niña o adolescente, e incluso migrantes sin la debida regulación de su estadía en el país. Son precisamente estos obstáculos económicos, políticos, sociales y culturales los que entorpecen el libre acceso a una asesoría y defensa que sea rápida, eficiente e igualitaria, e incluso limitan la puesta en marcha de los procedimientos judiciales.
Al analizar el rol que es propio de las instituciones públicas en materia de igualdad y acceso a la justicia vemos que, al tratarse de una universidad estatal, la función social se vuelve imperiosa. El ideal es verla posicionarse como un espacio que defiende el gran propósito de ser un agente de cambio, que aporte al progreso, a la equidad y a la democratización.[11] Estos principios toman forma precisamente en las clínicas jurídicas, ya que estas son el claro ejemplo de un medio por el cual se presta un servicio comunitario y que brinda las competencias necesarias que el país necesita para su desarrollo. Sí es correcto asegurar entonces, que a través de la clínica jurídica no solo se refuerza al sistema jurídico, sino que democratizan también los espacios. Se entiende que, las universidades estatales que cuentan con módulos de clínica jurídica estarían cumpliendo en gran parte con los principios que se consideran relevantes para toda institución académica pública[12], complementando a todas las otras materias que en ellas se desarrollan, y que tienen por principal objetivo avanzar en la función social, con una visión crítica, sensible a los cambios que la sociedad requiere, produciendo un fuerte impacto en el progreso científico, cultural, político, educacional y judicial del país.
De lo anteriormente expuesto, es posible concluir que la clínica jurídica, en primer lugar, es una herramienta para que los estudiantes de Derecho pongan en práctica las habilidades propias de la profesión (análisis de casos, resolución de conflictos, litigación, aplicación de ley, entre otros); y también, una de los principales espacios en disposición a la comunidad, para prestarles un servicio gratuito que les permite, a quienes no cuentan con recursos, la oportunidad de recibir asesoría y defensa dentro de un procedimiento judicial.
Por lo tanto, esta doble finalidad de la clínica jurídica contribuye directamente a los usuarios, otorgándoles acceso a un sistema judicial que es efectivo; y beneficia a los estudiantes instándolos a que asuman un compromiso social siendo también conscientes de que sus acciones son un papel fundamental en esta materia, rompiendo no solo con la brecha de desigualdad, sino que con el usual distanciamiento a la realidad social que se desprende de los espacios de formación académica en los que se trabaja solo desde la teoría. Por eso es importante que quienes participan de este espacio, ya sean estudiantes o profesores guía, tengan la capacidad de ejercer el Derecho desde una perspectiva más empática, colaborativa y comprometida, conscientes del contexto en el que desarrollarán su trabajo.
Francyne Valentina Donoso Danyan
Estudiante Facultad de Derecho Universidad de Santiago
BIBLIOGRAFÍA
– https://rodin.uca.es/handle/10498/21591 Calo Granado, Margarita. (Consultado el 24-09-2023).
– https://www.villanueva.edu/wp-content/uploads/2020/10/funcion-social-y-pedagogica-del-derecho.pdf.pdf Prada Rodríguez, Callejo Carrión, López de la Osa. (Consultado el 24-09-2023).
– https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2023/09/27/estudio-revela-que-50-de-los-verdaderos-sueldos-de-chile-no-llega-a-los-503-mil/ Columna de Cristian Leighton. (Consultado el 28-09-2023).
– https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion (Consultado el 24-09-2023)
– https://elpais.com/chile/2023-08-30/el-desempleo-en-chile-llega-a-88-y-suma-nueve-meses-de-alzas-consecutivas.html Columna de Antonieta de la Fuente. (Consultado el 24-09-2023).
– https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/613 Falcones Estrada, Tania Yanela. (Consultado el 24-09-2023).
– https://elpais.com/chile/2022-06-01/andrea-munoz-las-mujeres-tienen-mayores-barreras-para-acceder-a-la-justicia.html (Consultado el 25-09-2023).
– https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-33992022000100141&script=sci_arttext&tlng=pt María José Jorquera, Carla Cubillos Vega. (Consultado el 25-09-2023).
– https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=6Gt8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=Valor+de+la+Cl%C3%ADnica+Jur%C3%ADdica+como+herramienta+de+acceso+a+la+justicia&ots=-SQtt04zVF&sig=eixchqzNW82hXR-JL8c9yKtXhZA#v=onepage&q&f=false (Consultado el 25-09-2023).
– https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/10795/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.%20G.%20Abo.%20Laguzzi,%20Manuela.pdf (Consultado el 24-09-2023).
– “El acceso a la justicia como un derecho humano fundamental: retos y oportunidades para mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres”. Haydee Birgin y Natalia Gherardi.
[1] CALO GRANADO, Margarita (2019): Las Clínicas Jurídicas como método de aprendizaje y como servicio social. Universidad de Cádiz. P.8.
[2] CALO GRANADO, Margarita. (2019): Las Clínicas Jurídicas como método de aprendizaje y como servicio social. Universidad de Cádiz. P.12.
[3] PRADA RODRÍGUEZ, Mercedes; CALLEJO CARRIÓN, Soraya y LÓPEZ DE LA OSA, Pilar. (S/F): La clínica jurídica Villanueva: Función social y pedagógica del aprendizaje del Derecho. P.2.
[4] CALO GRANADO, Margarita (2019): Las Clínicas Jurídicas como método de aprendizaje y como servicio social. Universidad de Cádiz. P.6.
[5] LEIGHTON, Cristian (2023): Estudio revela que el 50% de los verdaderos sueldos de Chile, no llega a los $503 mil. El Mostrador.
[6] DE LA FUENTE, Antonieta (2023). El desempleo en Chile llega a 8.8% y suma nueve meses de alza consecutiva. El País, Chile.
[7] XIV Cumbre Internacional de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Brasilia (2018).
[8] FALCONES ESTRADA, Tania (2016): Análisis del programa de clínica jurídica de la universidad técnica Luis Vargas Torres. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. P.65.
[9] MONTES, Rocío; MUÑOZ, Andrea (2022): Las mujeres tienen mayores barreras para acceder a la justicia. El País.
[10] FALCONES ESTRADA, Tania (2016): Análisis del programa de clínica jurídica de la universidad técnica Luis Vargas Torres. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. P.23.
[11] CUBILLO VEGA, Carla; JORQUERA, María José (2022): El trabajo de las clínicas jurídicas en clave intersectorial y su contribución al acceso a la justicia en procesos de reparación de víctimas de crímenes de lesa humanidad. Scielo.
[12] UNESCO (1998): Declaración mundial sobre la educación superior.