En las últimas semanas, se ha filtrado a la prensa una supuesta pugna entre las máximas autoridades del Ministerio de Salud y la Superintendencia. Se ha tomado la decisión de presentar el proyecto de ley después de las elecciones, a pesar de que los tiempos legislativos probablemente no permitan su tramitación antes del 30 de mayo, fecha en la que vence el plazo establecido por la Corte Suprema para que la Superintendencia de Salud dicte la forma en que se cumplirá el fallo que ordenó la devolución de los excesos cobrados por las Isapres desde 2020. Así, resulta claro que el asunto hoy en día es más político que jurídico.
Si las autoridades de salud no están dispuestas a pagar el precio de implementar este fallo, es necesario encontrar una solución que satisfaga a todos los sectores políticos y, al mismo tiempo, cumpla con lo ordenado por el máximo tribunal, pues como sabemos, no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla.
Una propuesta razonable que se barajó desde el Ministerio de Salud con los parlamentarios en marzo es realizar la devolución a través de utilidades retenidas en un plazo amplio, por ejemplo, de 36 a 48 meses. De este modo, las Isapres no podrían retirar utilidades durante este plazo, y todo ese monto se destinaría a los afiliados cuya tabla de factores sea ajustada.
De esta manera, se evita fijar un monto preciso que sea objeto de condonación o devolución, lo que a su vez entrega un mensaje político de que por un lado no se estaría «perdonando» a las Isapres con una gran condonación anticipada, y a su vez no se fija un criterio estricto que implique el fin del sistema privado de salud en el corto o mediano plazo debido a una deuda inviable financieramente. Esta propuesta permitiría dar viabilidad al sistema privado de salud y generar un efecto político atenuado.
Las autoridades que presenten el proyecto de ley deben tener en cuenta que las miles de personas que solicitaron la rebaja de su factor de salud, en su mayoría adultos mayores, no persiguieron ser trasladados coactivamente a Fonasa, sino más bien pagar lo justo por un plan de salud al que han aportado toda su vida.
Francisco Javier Campos