Don Alejandro Silva Bascuñan falleció el 11 de septiembre de 2013. Quizás él escogió esta efeméride para que su muerte fuera  discreta, tal cual su sencilla vida, al lado de muchos eventos de la Historia nacional y mundial relevantes.

Han pasado 10 años desde su fallecimiento, y creo que vale la pena recordarlo en relación con dos eventos que vive nuestro país: la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado de 1973 y el proceso constitucional que vive nuestro país.

En el año 1973, don Alejandro lideraba el Colegio de Abogados, adoptando una postura crítica respecto del gobierno de la Unidad Popular. Señala en la época el profesor Silva Bascuñan: “Nunca, tal vez, en la evolución de nuestra nacionalidad, se ha requerido como hoy una conciencia más viva y penetrante en quienes abrazan la abogacía en cuanto a la trascendencia de la altísima responsabilidad que a ella cabe en el mantenimiento y vigorización del Estado de Derecho en una democracia pluralista e inquieta como la nuestra” (23 de Agosto de 1971, P. 105).

Una vez instaurado el régimen militar, don Alejandro decidió colaborar, junto a un grupo de profesores de derecho constitucional, en redactar una propuesta de Nueva Constitución a la Junta de Gobierno. Lo hizo con el ánimo de recuperar la normalidad institucional lo antes posible. Luego en 1976, abandona la Comisión de Estados para una Nueva Constitución, y adopta una visión crítica respecto del régimen militar producto de las violaciones a los derechos humanos y por la determinación de eliminar la existencia de los partidos políticos.

Después, don Alejandro formaría parte del grupo de los 24 o grupo de estudios constitucionales, juristas de distintas tendencias que propusieron un texto alternativo a la Constitución de 1980. Dicho trabajo no fue en vano, sino que un importante insumo para la salida institucional de Chile desde un régimen autoritario a uno democrático y para las reformas constitucionales, en especial las de 1989 y 2005.

Don Alejandro consideró ilegítima de Constitución de 1980, y como anécdota podemos señalar que producto de lo anterior dejó de enseñar derecho constitucional y solo enseñaba derecho político. A raíz de la reforma constitucional de 1989, ratificada en un plebiscito apoyado por el 91% de los chilenos, don Alejandro consideró legítima la Constitución y el camino institucional trasado para transitar de un régimen autoritario a uno democrático. Los profesores Alejando Silva Bascuñan y María Pía Silva señalan: “la Ley 18.825, que en 1989 dio legitimidad democrática a la Carta de 1980” (Silva Bascuñan, Alejandro y Silva, María Pía. El valioso aporte de la Constitución de 1980. Revista de Derecho Público. Vol 62. Año 2000. P. 147) y “la relevancia de la reforma –que representa el precio aceptado por el gobierno militar para favorecer la marcha hacia la democracia sobre la base de un estatuto constitucional de indiscutible admisión ciudadana– se pone de manifiesto al considerar que las 54 modificaciones sometidas al sufragio del 30 de julio de 1989” (Silva Bascuñan, Alejandro y Silva, María Pía. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo III. La Constitución de 1980, Antecedentes y génesis. P. 236.).

Creo que el ejemplo de don Alejandro nos debe inspirar a entender que en nuestra Historia todos perdemos cuando se promueven regímenes totalitarios o autocráticos. La democracia no solo consiste en una forma de elegir a nuestras autoridades sino también una forma de vida. Una elección no justifica la opción de instaurar la lucha armada, la lucha de clases, un régimen totalitario que en todo el mundo vulnera y sigue vulnerando los derechos humanos.

Tampoco se justifican violaciones de derechos humanos para restaurar el orden, porque hasta la guerra tiene sus reglas y códigos de honor.

Debemos buscar caminos de entendimiento para encontrar una salida institucional para Chile, donde vale la pena conversar con todos. En el contexto del proceso constitucional que vivimos, es necesario encontrar el camino que nos lleve a una salida institucional a la crisis vivida a partir del 18 de octubre de 2019, que nos de un marco regulatorio para vivir en paz y prosperidad, que es a lo que aspiran todos los chilenos.

El mundo nos observa y dependiendo de lo que hagamos dependerá nuestro futuro en los próximos 50 años.

 

Maximiliano Ravest Ibarra

Abogado