La corrupción no sólo debilita los sistemas democráticos, también afecta al crecimiento económico de los países, a su competitividad. Según diversas clasificaciones como las que señala el profesor y economista Álvaro Ferrer, atendiendo la variedad de formas en las que se expresa se puede hacer una distinción entre la corrupción circunstancial y la sistémica. La primera se configura en maniobras vinculadas a operaciones puntuales, su modalidad más notoria es la “coima” y consiste en el soborno, por un precio, de quien tiene autoridad de disponer de un activo o un servicio, que no le pertenece. La sistémica consiste, principalmente, en adoptar decisiones y políticas que generan rentas privadas espurias que perjudican el interés público. En los países avanzados y en los emergentes, con fuerte densidad nacional la corrupción es generalmente circunstancial ya que, en tales países, por definición, la política económica tiende a promover el desarrollo y a defender los intereses nacionales. En los países subdesarrollados, de débil densidad nacional, suelen coexistir ambas, siendo la sistémica, mucho más de predatoria que la segunda.

La grave crisis de corrupción por la que atraviesa el gobierno desde su instalación admite un profundo análisis en el que cabría preguntarse si Chile es un país con corrupción circunstancial o sistémica. Comporta especial preocupación la cantidad de casos, por lo demás, dignos de estudio en dos dimensiones que son las que le interesan particularmente a la opinión pública: la ética y la del derecho a estar informados sobre lo que sucede con transparencia. El primer caso (abril) con la compra de la Clínica Sierra Bella en el que la Contraloría emitió un informe calificando de carente de fundamento el pago de $8 mil 252 millones a la sociedad San Valentino por la ex clínica, que había sido adquirida meses antes por esa sociedad por $2 mil 232 millones asunto en el que la alcaldesa comunista Irací Luiza Hassler tiene calidad de imputada y no de querellante según lo señalado por el fiscal Patricio Cooper. Segundo caso, la trama “Fundaciones” (junio) diversas cuestionadas a nivel nacional, lo que implica una desvergüenza que sacude al partido Revolución Democrática, luego de revelarse el contrato vía trato directo, entre la seremi del Minvu de la Región de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. En ese contexto, en la edición del miércoles, el diario El Día dio a conocer una arista del llamado “caso convenios” en la zona que involucraba a la “Fundación para el desarrollo de las Organizaciones”, la que se adjudicó 2.500 millones por parte del Gobierno Regional de Arica, otra pregunta al respecto quién, cuándo y cómo se enteraron de los hechos, hasta el momento las autoridades de gobierno no hanhecho más que confundir por sus erráticas respuestas. Tercer caso en curso, el director nacional de Junaeb, Cristóbal Acevedo, acusó en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que una licitación por $3.500 millones solo entregó 30 colaciones, noticia en desarrollo. Se suma, además la gravedad en la priorización de agenda del Ministro de Educación por “el diseño y presentación de un proyecto de educación en afectividad y sexualidad con enfoque integral “ que con el compromiso urgente con los estudiantes de educación básica frente al del rezago en la comprensión lectora.

Lo anterior evidencia que aquella frase de la supremacía moralimplica no sólo el desconocimiento de la ética de la virtud como camino y fuente de las mejores acciones , que es capaz de disponer a la persona (en este caso políticos) a realizar los mejores actos y a obrar, bien y siempre mejor, de acuerdo con la recta razón que es elegida desde una disposición intelectual denominada prudencia; encargada de unir el conocimiento y la acción y que Aristóteles señala que se aprende con el ejercicio de los hábitos buenos, con formación, con experiencia y tiempo para ejercitarse en ellas. Sino que implica también, una cuota de soberbia que al igual que en las tragedias griegas obnubiló el pensamiento y el quehacer político del gobierno y por ello se torna urgente ahondar en dimensión ética y en el derecho de acceso a la información pública, porque organizaciones ciudadanas, al buscar transparentar la actuación del Estado y sus órganos, coadyuvan y participan activamente en la conducción de los asuntos públicos.

María José Labrador Blanes

Facultad de Comunicaciones UDD