Esa legislación es perfectible, agregan, si se establecen nuevos principios de responsabilidad y se regula de una manera más exhaustiva el proceso de rendición de cuentas.
Recuerdan que el año 1998 se intentó regular las elecciones primarias para determinar el candidato presidencial, sin embargo el proyecto de ley no prosperó debido a que el TC resolvió que una iniciativa de esa naturaleza debía ser objeto de una reforma constitucional. (Rol Nº 279)
Los parlamentarios que patrocinan la moción, señalan que existe un sinnúmero de otras causales que se relacionan con otros aspectos de la vida humana -de orden moral o personal- que pueden también justificar la renuncia.
Recuerdan que en el proyecto de reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política -patrocinado por el Ejecutivo- se consultaba una norma que se orientaba en esa dirección, la cual, sin embargo, no fue aprobada.
La moción expone que la Constitución, la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento de la Cámara de Diputados señalan que le corresponde a esa rama del Congreso fiscalizar los actos del gobierno, facultad que puede ejercer mediante la creación de comisiones especiales investigadoras a las que se encuentran obligados a concurrir los funcionarios públicos.
De esta forma –señala la moción- se evitará que los candidatos burlen lo que exige la Carta Fundamental, de tener residencia en el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección, pues en la actualidad los candidatos suscriben contratos de arriendo en distintas regiones, con el fin de dar por cumplida, formalmente, la exigencia constitucional.
La iniciativa, patrocinada por los diputados Aguiló, Enríquez-Ominami, Escobar, León, Montes y Paredes, propone modificar la Constitución (art. 57) para establecer que no podrá ser candidato a senador o diputado, la persona que haya sido condenada por sentencia firme por delitos contra la administración pública, contenidos en los párrafos quinto y sexto del título V del Código Penal.
La iniciativa, patrocinada por los diputados Godoy, Cristián Monckeberg, Nicolás Monckeberg, Vargas y Verdugo, propone modificar la Carta Fundamental para ampliar de 6 meses después de expirado en el cargo hasta el termino del periodo presidencial que le sigue, el plazo para presentar una acusación constitucional en contra un ex Presidente de la República.
En la Comisión de Familia han quedado en evidencia las discrepancias que existen en la materia, pues mientras algunos parlamentarios consideran que el tema de la maternidad se encuentra normado a nivel legal, otros son de opinión que ello debe ser reforzado a nivel constitucional.
Los legisladores exponen que de acuerdo a la Constitución las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas solo por Carabineros e Investigaciones, constituyen la fuerza pública, existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas, y que dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.
